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Concierto solidario en la Óxido: Abajo los muros de las prisiones

A Palo Seko, Ignotus, The Guilty Brigade, Fardahuevox y Makisards participarán el próximo 21 de marzo en la sala Óxido de Guadalajara en un concierto solidario con el objetivo de hacer visibles casos de injusticia que se suceden diariamente en el Estado Español, bajo el lema "abajo los muros de la prisiones". El concierto empezará a las 22:30 y terminará cuando salga el primer tren de cercanías. La entrada cuesta 8€ en venta anticipada y 10€ en taquilla, las entradas anticipadas estan disponibles en la sala Óxido, Potencial Hardcore de Vallekas y el purgatorio de Móstoles. Solidaridad con Amanda:



Valencia 2003, año de especial interés para el Ayuntamiento de esta ciudad por la próxima celebración en Julio de la Copa América, por la inminente convocatoria en Mayo de las elecciones, y por la puesta en marcha del Plan de Reforma del barrio del Cabanyal (PEPRI) por el que se construiría un paseo marítimo en el mismo espacio donde está situado este antiguo barrio marinero. Considerado este como un momento clave para hacer una limpieza de la imagen de la ciudad de “las Artes y las Ciencias” y protegiendo los intereses de muchas empresas e instituciones que están detrás del PEPRI; el Ayuntamiento toma la decisión de destruir el barrio del Cabanyal, derribando más de 1600 viviendas, 570 edificios…. Y consiguiendo así quitarse de en medio a una población vecinal con gran tejido social que llevaba años empoderándose y luchando contra la degradación del barrio mediante acciones comunitarias a través de centros sociales, lo cual empezaba a ser un obstáculo para los intereses políticos y económicos del Ayuntamiento. Con la destrucción del barrio del Cabanyal surgiría una nueva oportunidad para que especuladores urbanísticos y sus cómplices políticos negociaran sus próximos proyectos, todos ellos bajo la protección de “La Levantina”, una empresa de seguridad de ideología fascista bien conocida por su vinculación al partido político España 2000 y adjudicada a dedo por el Ayuntamiento como esbirros de esta mafia de políticos y empresarios en la ciudad.

En este marco, los vecinos del barrio deciden unirse a luchar juntos para impedir que este proyecto siga adelante. Asociaciones de vecinos, colectivos libertarios, casas okupas, centros sociales… se unen para formar parte de una plataforma de lucha donde aunar fuerzas, ideas y rabia para defender el barrio en el que conviven e impedir así su derribo. Todo ello mediante diversas acciones en los tribunales, en la calle, en los medios… Es en este contexto donde se enmarca el caso de nuestra compañera Amanda.

Amanda fue detenida junto a su compañero Eduardo y un amigo común (este último liberado sin cargos) acusados de diferentes delitos: el envío de una carta bomba al partido de extrema derecha España 2000 (que explotó en Correos), la quema de una máquina escavadora del proyecto PIPRE, la quema de un cajero automático de Bancaixa, la colocación de un artefacto incendiario en un Instituto de Formación Profesional, y el lanzamiento de un objeto incendiario a un establecimiento de Telepizza. Amanda asume la autoría de los dos primeros cargos, el envío del artefacto explosivo al partido de extrema derecha España 2000 y la quema de la escavadora del proyecto PEPRI) negando tanto la participación de su pareja como la participación en los otros hechos de los que se les acusa; y definiéndolo como “acciones libertarias contra el capitalismo que ejecuta el proyecto urbanístico que está arrasando el barrio del Cabanyal”. Tanto Amanda como Eduardo son ingresados en prisión preventiva mientras los diferentes juzgados (la Audiencia Provincial de Valencia y la Audiencia Nacional) valoran que tipo de cargos se le imputarán: terrorismo, intento de asesinato, estragos, daños… tras varias idas y venidas del caso entre los juzgados de Valencia y de Madrid, finalmente el caso es llevado a la Audiencia Nacional, donde aparte del fiscal, se sumarán como acusación particular el Ayuntamiento de Valencia, la Oficina de correos y España 2000. A los dos años de encierro en prisión preventiva por diferentes cárceles del Estado (Picassenten, Villena, Alcalá-Meco) en espera de juicio, ambos son liberados ya que todas las partes que forman la acusación particular no interponen (por descoordinación) la petición de prórroga de prisión preventiva, por lo que el juzgado se ve obligado a liberarlos, a pesar de haber rechazado los diversos recursos que presenta el abogado de ambos solicitando la excarcelación hasta el juicio.

El juicio es celebrado en el año 2009, el fiscal solicita 132 años de prisión para Amanda, considerando estas acciones como delitos terroristas vinculados a un núcleo libertario, pero la Audiencia Nacional no entiende los hechos como constitutivos de delito de terrorismo ya que “no ha sido necesaria la actuación en un grupo o banda armada” y que “ni la intención ni la capacidad del artefacto eran para producir daños letales”, considerando así estas acciones como aisladas y esporádicas. Con todo esto Amanda es condenada a más de 4 años de prisión y Eduardo a 8 meses (el cual ya no ingresaría en la cárcel al haber superado este tiempo en prisión preventiva). Tras un recurso a la sentencia interpuesto por la acusación particular en el Tribunal Supremo, la pena es elevada hasta 7 años de prisión para Amanda y 1 año a Eduardo, con la suma de delito de terrorismo por las acciones cometidas.

Actualmente Amanda lleva desde finales del año 2014 en la prisión de Soto del Real (11 años después de la comisión de los delitos), para cumplir los 5 años que le quedan de condena. Su situación personal es bastante vulnerable al encontrarse embarazada de 5 meses, con dificultades económicas, y con la pena de delito terrorista, lo que le dificulta o imposibilita para la mayoría de los beneficios penitenciarios a los que poder acogerse, sumado a la constante vigilancia, intervención de correo y llamadas, filtración de visitas….

Con todo esto queremos hacer un llamamiento para la necesaria y urgente colaboración con nuestra compañera por la situación tan delicada en la que se encuentra, desapegada a la fuerza, 11 años después, de su entorno, de su familia, de su pareja, de sus amigos, de sus estudios…; y porque es necesario visibilizar casos como este, que suceden silenciosamente en las cárceles de nuestro estado, donde mantienen secuestradas a personas que no han aceptado la injusticias que se les impone, que luchan por un mundo más justo, que son consideradas como un obstáculo a las atrocidades que este sistema capitalista está cometiendo con la humanidad, recluídas al antojo de sus censores y encarcelados en regímenes donde se ven negados cualquier tipo de derechos penitenciarios, donde las torturas, humillaciones y la deshumanización son parte de las actividades de re-inserción.

Enviado por La Organizacion el 13.03.15

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