para leerlo bien: http://www.publico.es/dinero/469589/eco ... -pensiones
Economistas de izquierdas presentan una alternativa "a la falacia de los expertos" sobre las pensiones.
En 17 puntos desmontan los mitos que el Gobierno ha ido extendiendo para convencer a la población de que el gasto de la Seguridad Social es un despilfarro. La coyuntura económica no puede ser la coartada para esconder las verdaderas carencias del sistema: políticas de empleo, falta de ingresos y un sistema fiscal desigualDANIEL DEL PINO Madrid 21/09/2013 08:15 Actualizado: 21/09/2013 08:23
¿Es razonable decir que España no podrá soportar un gasto máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más de eso? ¿Pone realmente en peligro la supervivencia del sistema de pensiones la mayor esperanza de vida? ¿Es obligatorio que el sistema de pensiones esté ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social?
Estas son algunas de las razones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha empleado para justificar la necesidad de aplicar la reforma de las pensiones elaborada por su grupo de expertos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, trata de vender como un éxito el supuesto ahorro de 33.000 millones de euros que supondrá la reforma tan sólo de aquí a 2022. El éxito es de dudosa ética si se tiene en cuenta que esa cifra que ahorra la ministra se consigue no actualizando las pensiones con el IPC y, por tanto, quitándole poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables de la población.
Un grupo formado por 24 economistas presentó ayer en Madrid un manifiesto en el que desmenuzan una a una lo que consideran "las falacias del grupo de expertos" de Rajoy y que propone un proyecto alternativo que no sólo evitaría ese recorte de 33.000 millones, sino que además garantizaría que el sistema de pensiones siga siendo 100% público. "La argumentación del Gobierno y los expertos es una falacia y una traición contra los intereses de la mayoría", denunció Héctor Illueca desde los despachos de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados tras haber mantenido una reunión con el diputado Alberto Garzón.
Como firmante del documento, Garzón defendió ayer que la reforma "es una barbaridad", "una vergüenza" y "un asalto al botín cuyo único objetivo es el de privatizar el sistema de pensiones". Ese es uno de los puntos que trata de desenmascarar el manifiesto, ya que el proyecto promovido por Báñez favorece o al menos extiende la idea de que si el Estado no puede garantizar las pensiones, entonces lo mejor es optar por los fondos privados. El joven diputado de IU anunció que la federación que dirige Cayo Lara está preparando un calendario de movilizaciones para el otoño que tendrá como uno de los temas principales las pensiones.
Gasto excesivo
La coartada inicial del Gobierno para plantear la reforma es que el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad son dos problemas fundamentales en el esquema español. Es el mismo argumento que desde los años noventa han empleado analistas, bancos y gobernantes de turno para vaticinar el caos. Pero como explica el manifiesto, "el tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones".
"Lo insostenible del sistema es la caída de ingresos por la recesión, así que lo verdaderamente insostenible es la recesión" En el momento actual de crisis es muy sencillo que la gente asuma que el Estado debe apretarse el cinturón. La Unión Europea, gracias a las recomendaciones y a la supervisión que hace de nuestra economía durante el semestre europeo, ha presionado a Rajoy para que ajuste las cuentas. Cualquier cifra, como esa de los 33.000 millones, parece un inmenso despilfarro, pero los economistas rebaten que el Estado gaste demasiado en las pensiones. Desde hace meses, sindicatos y partidos de izquierda vienen insistiendo en un dato claro: seguimos invirtiendo menos que la media europea (el 10% del PIB por el 12% de la media de la UE) y para 2050 el gasto será como el que hoy en día tienen países como Italia y Francia, en torno al 14% del PIB.
Y eso no hará que el sistema de la Seguridad Social quiebre. Según los firmantes, en realidad, las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. De hecho, si se llegara a ese punto estaríamos en una situación de suspensión de pagos. Al contrario, remarcan que el Estado siempre estará detrás y que buena parte de la confusión que existe en torno a la sostenibilidad viene de la segregación en las fuentes de financiación que propició el Pacto de Toledo. Con la firma de ese acuerdo se estipuló las pensiones se financiarían a través de las cotizaciones sociales. Y esto, para ellos, es un error. "Lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública [...] En un Estado concebido como social por la Constitución esto es inconcebible [...] Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también las pensiones", sostienen.
Más ingresos
Desde este punto de vista, los trabajadores y los salarios tendrían que ser los únicos que han de mantener las pensiones y para ellos "no hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales". Lo afirman además amparándose en el artículo 50 de la Constitución, que sostiene que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Esto les lleva a concluir que es precisamente el Estado el que debe procurarse de los recursos necesarios para garantizar las compensaciones a los pensionistas y si, como sucede en el contexto económico actual, las cotizaciones sociales no son suficientes, entonces debe buscar fondos alternativos en los Presupuestos Generales del Estado.
"Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también las pensiones" Y la manera de conseguirlos sería engordando las arcas del Estado. "El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de ingresos debida a la recesión y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión", reza el texto, y es aquí donde entra en juego el paro y el consumo: "Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo ?seriamente cuestionada? por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida".
Los firmantes rebaten asimismo que la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no deben ser las únicas variables que utilice el Gobierno para justificar los recortes y ponen como ejemplo la renta per capita, que "en los últimos treinta años casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva".
Asimismo, apuntan que si el sistema fiscal fuera más justo, el peligro sería evitable: "El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo".
Infórmate
El manifiesto completo, titulado En defensa del sistema público de pensiones se puede leer en la web documentopensiones.org.
Los firmantes son: Francisco Álvarez Molina, Lourdes Benería, Francisco Javier Braña Pino, Cristina Carrasco, Agusti Colom, Fernando Esteve Mora, Miren Etxezarreta, Ramón Franquesa, Alberto Garzón, Antonio González González, Adoración Guamán, Héctor Illueca, Juan López Gandía, Juan Francisco Martín Seco, José Luis Monereo, Pedro Montes, Rafael Muñoz de Bustillo, Vicenç Navarro, Juan Torres, Carlos Ochando, Albert Recio,Julio Rodríguez y Amat Sánchez.
Las falacias de las Pensiones
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"Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo."
Totalmente de acuerdo.
Y eso pasa por mandar a tomar por culo a todos los que estaban allí, "salvando el mundo".
"Lo insostenible del sistema es la caída de ingresos" (...) "El Estado siempre estará detrás" (...) " los trabajadores y los salarios tendrían que ser los únicos que han de mantener las pensiones" (...) y lo mejor de todo... es que tenemos menos impuestos que Grecia y Portugal!!!. Toma Jeroma pastillas de goma...
Menudos genios... todo lo solucionan gravando el capital y haciendo esclavos (obligando al trabajo). Hay que estar ciego...
Totalmente de acuerdo.
Y eso pasa por mandar a tomar por culo a todos los que estaban allí, "salvando el mundo".
"Lo insostenible del sistema es la caída de ingresos" (...) "El Estado siempre estará detrás" (...) " los trabajadores y los salarios tendrían que ser los únicos que han de mantener las pensiones" (...) y lo mejor de todo... es que tenemos menos impuestos que Grecia y Portugal!!!. Toma Jeroma pastillas de goma...
Menudos genios... todo lo solucionan gravando el capital y haciendo esclavos (obligando al trabajo). Hay que estar ciego...
Luego me lo leeré del todo, pero...
Ya me diréis que impuestos va a pagar alguien que gana 700 euros, que el año que viene puede que esté en paro y que tiene que pagar un alquiler.
También estará quien espere que esto mejore. Tal vez sà y tal vez no, pero incluso aunque todo saliera como en los sueños húmedos de los economistas más optimistas, conseguir salir de toda la deuda y recuperar el tejido empresarial que se ha perdido llevará décadas.
Mientras haya más de un 20% de paro, y mientras incluso la gente que trabaja no tenga ingresos para vivir dignamente, todo va a ser insostenible. Pensiones, sanidad, educación...¿Es razonable decir que España no podrá soportar un gasto máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más de eso?
Ya me diréis que impuestos va a pagar alguien que gana 700 euros, que el año que viene puede que esté en paro y que tiene que pagar un alquiler.
También estará quien espere que esto mejore. Tal vez sà y tal vez no, pero incluso aunque todo saliera como en los sueños húmedos de los economistas más optimistas, conseguir salir de toda la deuda y recuperar el tejido empresarial que se ha perdido llevará décadas.
22-09-2013
24 economistas y juristas, más expertos que los del gobierno, presentan su documento
En defensa del sistema público de pensiones
Rebelión
Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer el PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.
LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.
Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de ?cuántos son los que producen?, cuando la variable importante es ?cuánto se produce?.
Conscientes de que se trata de un problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.
Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresión quiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra? ?Será incompatible con Maastricht?. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%.
La argumentación de todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el sistema público de pensiones. Vaticinaban que en un determinado número de años se produciría la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver en la solución.
LA TASA DE ACTIVIDAD, UNA VARIABLE RELEVANTE
La incorporación de mayor número de mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el incremento sustancial de la tasa de actividad. Sin modificar la población total, el número de los trabajadores potenciales ha aumentado de forma considerable. España goza de un amplio margen para avanzar en esta variable, dado que la tasa de actividad femenina es aún baja, en cualquier caso menor que la de otros países. A su vez, las llegadas de trabajadores inmigrantes también incrementan la tasa de actividad, pues aunque se eleva la población total, todo el aumento producido es de activos. Es una ironía contemplar a la ?Europa fortaleza? preocupándose por la reducida tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. Si el problema radicara solo en estas variables, la solución sería bastante sencilla: se trataría simplemente de abrir las fronteras a los trabajadores inmigrantes.
Llegados a este punto, está claro que sería un grave error considerar la población activa como núcleo del problema. El factor más importante no es el número de personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan hacerlo. Si aceptamos esta premisa, la medida de retrasar la edad de jubilación carece de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de paro. En 2013, en España, con 6 millones largos de parados, elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años no tiene demasiada lógica.
LA PRODUCTIVIDAD, FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Pero ahondando más en la materia, al plantear la cuestión de las pensiones hay que superar también la visión estrictamente cuantitativa del número de trabajadores para considerar, además, la productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años el 30% de la población activa española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.
CONSECUENCIAS DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO
Ha sido el Pacto de Toledo, o una visión sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema público de pensiones en un laberinto de difícil salida. A ello ha contribuido la consideración de las cotizaciones sociales como fuente exclusiva de financiación de las pensiones, no encontrando entonces otra salida que no sea la disminución de las prestaciones.
Se llama Pacto de Toledo al documento aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión del 6 de abril de 1995, titulado "Análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse". Su origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el Congreso de una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. Pero esta iniciativa parlamentaria no descendió del cielo, sino que surgió de un escenario formado por dos hechos que se complementan.
El primero es una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que partía de ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la Unión Europea. Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los países, potenciadas por las entidades financieras y por la mayoría de las fuerzas económicas y políticas.
El segundo hecho es nacional y reside en las acusaciones mutuas entre los dos partidos políticos mayoritarios de nuestro país, que se reprochaban poner en peligro el sistema público de pensiones. El PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de pagar a los pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones generales -como así ocurriría en 1996- difundía la idea de que la llegada de la derecha al poder suponía un grave riesgo para esta prestación social. Al mismo tiempo, ante el déficit que en aquel momento mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, en vez de enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al presentar la Seguridad Social como una institución distinta del Estado y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba en una situación crítica de cara al futuro. Este hecho daba ocasión al PP para acusar al Gobierno de ponerla en peligro.
La presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes, cuyo ámbito de preocupaciones, en esta etapa de su vida, se circunscribe en buena medida a cómo afrontar económicamente los últimos días de su existencia, es bastante aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen el tema de las pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como presa fácil de la demagogia política.
Esta similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante porque sembraba la sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensiones públicas como algo graciable que podía reducirse. Cuando piensan que están perjudicando a la otra formación política, en realidad lo que hacen es descubrir su concepción espuria sobre el tema. El simple hecho de dar como posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al Estado social que consagra la Constitución.
LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO
La auténtica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social como algo distinto y separado de los servicios del al Estado. El divorcio solo es planteable desde una concepción neoliberal, pero no desde los principios constitutivos del Estado social. En su virtud, la protección social no es algo accidental al Estado sino una responsabilidad de éste, algo que sigue a su esencia. El Pacto de Toledo realizó una segregación entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de fuentes de financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en el ámbito de la Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien es cierto que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra ?preferentemente? en lugar de ?exclusivamente?, pero lo cierto es que, en la práctica, tal matización se olvida y se hace depender el mantenimiento de las pensiones únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiación se hace en extremo vulnerable.
Anteriormente no había sido así. De hecho, en los presupuestos del Estado aparecían transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social. La Ley de Presupuestos de 1989 estableció un cambio de modelo de financiación mediante el compromiso de financiar progresivamente con aportaciones públicas. Los complementos de mínimos de las pensiones y la sanidad Fue en 1994 cuando se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones con préstamos del Estado en vez de hacerlo mediante transferencias, prueba palpable de la distinción que se quería hacer entre el Estado y la Seguridad Social. El tema era tanto más grave cuanto que en 1995 se reduce un punto la cotización por contingencias comunes.
La separación de fuentes se ha entendido como algo estructural, no como un mero instrumento para la transparencia y una administración racional de los recursos del Estado. Este mecanismo se ha transformado en una característica esencial del sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública. Esta concepción es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en una situación de mayor riesgo, dificultando además toda mejora en las prestaciones.
EL FONDO DE RESERVA
Este diseño de sistema cerrado que se da a la Seguridad Social tiene su contrapartida en el establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de reserva. Se estipula que en las épocas en que la recaudación por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo al que vulgarmente se llama ?hucha de las pensiones? lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su poder económico. La prueba evidente es que de nada ha servido que durante todos los años de bonanza se haya ido incrementando y que los distintos gobiernos de uno o de otro signo se hayan vanagloriado de ello. Ha bastado que se produjesen los primeros déficits en el sistema para que surja con virulencia una propuesta de reforma y de reducción de las prestaciones.
LAS PENSIONES NO TIENEN POR QUÉ FINANCIARSE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE COTIZACIONES SOCIALES
En un Estado definido como social por la vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable pero no económica y, mucho menos, política; es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se trata de una separación convencional.
La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra del Estado y el Estado no puede quebrar. Como máximo puede acercarse a la suspensión de pagos, pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen mayor riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la pasada crisis bursátil. Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que cierto dogmatismo económico nos introduzca en una coyuntura de difícil salida.
LAS PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN
Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: ?Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad?. Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de ?gastos obligatorios? que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
El denominado ?déficit del sistema?, más allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede pretender que esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones por el hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.
Asimismo, vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que la caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política económica adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una reducción de ingresos por cotizaciones, no parece razonable. El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de los ingresos debida a la recesión, y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión. Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo ?seriamente cuestionada? por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida.
TAMBIÉN HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS
Es curioso que la cuestión se haya planteado siempre desde el lado del gasto para reducirlo, y nunca desde la óptica de los ingresos y de su posible incremento; más bien todo lo contrario, de vez en cuando surgen presiones para disminuir las cotizaciones sociales. Estas presiones que, en los momentos actuales, proceden incluso de la propia Unión Europea, añaden sin duda un factor más de inseguridad si hacemos depender exclusivamente las pensiones de las cotizaciones, tal como se asume en el informe de los expertos del Gobierno. Es una evidencia que las reivindicaciones para reducir las cotizaciones aumentarán en el futuro bajo el argumento de que estas constituyen un impuesto sobre las nóminas, y que deberían ser sustituidas por impuestos indirectos.
El gasto, en relación al PIB, del sistema público de pensiones español es reducido cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, por lo que no parece que tenga mucho sentido hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y aun cuando no se modificase el sistema, la situación no va a cambiar durante muchos años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea (que es la instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes), en 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni la obligación por el lado del gasto.
Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report, sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom es sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia.
LA RENTA PER CÁPITA COMO VARIABLE ESTRATÉGICA
Por otra parte, la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no son las únicas variables que habría que tener en cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones, sino también la evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.
El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no de escasez de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva.
MÁS BIENES PÚBLICOS
Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también que las necesidades que deben ser satisfechas cambien y, por tanto, haya una variación de los bienes y servicios que hay que producir. Es muy posible que la decisión que adopte el mercado referente a estos no sea la adecuada -en contra de lo que piensa el liberalismo económico- a las necesidades reales, ni en su composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en el sector industrial y en el de servicios presentan nuevas contingencias o, al menos, contingencias mucho más acusadas que en el mundo rural. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida crean nuevas necesidades y exigen por tanto la necesidad de que las sociedades se doten de nuevos servicios.
John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años que todos estos cambios exigían una redistribución de los bienes y servicios que deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente para garantizarse una pensión de jubilación digna? La única dificultad es ideológica. Bajo el poder absoluto del neoliberalismo económico, una sola tendencia pretende imponer su ley: más iniciativa privada y menos sector público.
El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva.
EL SISTEMA ESPAÑOL NO ES GENEROSO
El tema de las pensiones lleva ya muchos años acumulando tras de sí todo tipo de falacias y sofismas. Una de las más importantes quizá sea la afirmación de la OCDE y de otros organismos internacionales acerca de que las pensiones en España son muy generosas. Cosa curiosa, porque para generosidad la que estos organismos tienen con sus funcionarios. Trabajar unos pocos años en cualquiera de ellos garantiza una generosa pensión que ya quisieran para sí los trabajadores con mejor cualificación de nuestro país.
Esa versión alejada de la realidad de las pensiones españolas proviene de unos planteamientos que no se corresponden con los datos, Además, las comparaciones internacionales resultan muy complicadas en estos casos. Parten de la siguiente pregunta: ¿qué pensión le correspondería en relación con su último salario a un trabajador que hubiese cotizado el número mínimo de años para percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y se jubilase a la edad legal (en nuestro país, 65 años, por ahora)? Este porcentaje, que se sitúa en España por encima del 90%, es superior al de muchos países de la Unión Europea, pero paradójicamente no a los de Portugal y Grecia. Por tanto, según este indicador, los países con menos ingresos de la Unión son los más generosos con sus jubilados.
En realidad, se trata de todo lo contrario, porque el indicador anterior es un porcentaje teórico que pasa por alto muchos factores: la dinámica del mercado de trabajo, la penalización de la jubilación anticipada, topes máximos, salario mínimo, bases sobre las que cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas, sistema fiscal, etc. La tasa real en nuestro país está muy alejada de ese porcentaje. En vez del 90%, la cifra que se obtiene computando todos los factores, no alcanza siquiera el 60% del salario medio. En 2011, la media de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1.200 euros mensuales, mientras que el salario medio bruto para el cuarto trimestre de ese año fue de 2.020 euros. El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de pobreza. En 2011, la cuantía de la pensión media de jubilación ascendió a 915 euros, y el 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros).
SE PRETENDE FAVORECER LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES
Existen sospechas bien fundadas de que las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tienen también como finalidad potenciar los fondos privados de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad de completar las pensiones públicas con pensiones privadas. Lo primero a considerar es lo incorrecto y cómo induce a engaño la denominación ?pensiones? aplicadas a los fondos, al menos tal como se instrumentan en España, donde las aportaciones las realizan solo los particulares y no las empresas. De hecho, la única alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona de forma individual ahorre para la vejez. Pero para ese viaje no hacían falta tales alforjas. Si es así, lo que resulta aún más indignante es que pretendan decirnos en qué inversiones tiene que materializarse nuestro ahorro. ¿Por qué en fondos y no directamente en bolsa o en vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo? Los fondos de pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el inversor. Habrá que cuestionarse el motivo de incentivar un sistema de ahorro (los fondos de pensiones) en detrimento de otros.
Supeditar la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.
Los mal llamados fondos de pensiones solo benefician a las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. De hecho, dejarían de existir tan pronto como desapareciese la desgravación fiscal, tal como se encargaron de difundir sus propios defensores cuando se expandió el rumor de que iban a perder los beneficios fiscales. ¿Pero cuál es entonces la razón de ser de un producto financiero que sin desgravación fiscal nadie -ni ricos ni pobres- estaría dispuesto a demandar? Para el participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia de control de la inversión, pago de importantes comisiones, etc. Pero, precisamente lo que son rémoras para el cliente, se convierten en ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que manejan a su antojo a través de las gestoras y que les dotan de enorme poder económico, a la vez que les permiten apropiarse mediante distintas comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos puedan generar.
CAPITALIZACIÓN O REPARTO
Los propagandistas de los fondos de pensiones cantan las excelencias del sistema de capitalización sobre el de reparto, identificando el primero con el privado y el segundo con el público. En realidad, cuando se trata de un sistema público la distinción entre capitalización y reparto es más teórica que real. Si por una parte puede suponerse que las pensiones de los pasivos se financian con las cotizaciones de los activos -estaríamos entonces en un sistema de reparto- también puede suponerse, y esto sería más exacto, que en función de la unidad de caja del Estado todos los ingresos, incluidos impuestos y cotizaciones sociales, financian todos los gastos, también los de Seguridad Social.
Si esto es así, el sistema actual, al que llamamos de reparto, se convertiría en un sistema de capitalización. Podemos suponer que los recursos aportados hoy por las cotizaciones serían un préstamo que los trabajadores actualmente activos realizan al Estado y que este dedicará a financiar la inversión social y pública, desde la educación a la sanidad, pasando por carreteras, comunicaciones, tecnología, empresas públicas, etc. Dicho préstamo al Estado se devolverá junto con los intereses a los cotizantes de hoy en forma de pensiones. Del mismo modo, las prestaciones sociales que actualmente se pagan son el retorno a los jubilados de lo que cotizaron (préstamo al Estado) en el pasado. Que la distinción es más teórica que real se percibe con claridad en el hecho de que muchos fondos privados de pensiones terminan invirtiéndose en deuda pública, es decir, prestando al Estado. Lo que está en juego, por tanto, es la intermediación de las entidades financieras.
La argumentación anterior hace que carezca de sentido el reproche al sistema público de pensiones de que genera una situación intergeneracional injusta, ya que obliga a las generaciones futuras a mantener a un mayor número de pensionistas. Las cotizaciones y los impuestos de esos jubilados han hecho posible mediante la educación, las infraestructuras, la investigación, etc., que la productividad en una serie de años se haya multiplicado y que el trabajo de los activos de ahora y del futuro produzca mucho más y que la renta per cápita sea también mayor.
No obstante, todo lo hasta aquí afirmado responde a la óptica macroeconómica, analizando los efectos globales o a partir del análisis de la prestación promedio. Mas el punto de vista cambia cuando se trata de la conveniencia de un determinado particular, entonces sí puede haber una distinción radical y fundamental entre el sistema público y el privado. En el segundo, no se da ninguna redistribución de rentas. Existe una correspondencia unívoca entre cada prestación y la correspondiente cotización individual. Las diferencias que se pueden generar en el sistema privado son muy superiores a las de un sistema público, hasta el extremo de que para muchos colectivos los planes de pensiones son prácticamente inaplicables, teniendo que hacerse cargo el sector público en último término de las prestaciones.
CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
El pacto de Toledo tuvo al menos un efecto positivo que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso de las distintas fuerzas políticas acerca de que las pensiones se actualizarían anualmente de acuerdo con el incremento del índice de precios al consumo. La medida parecía justa y lógica. Justa porque así lo proclama nuestra Constitución y lógica porque con la inflación también se incrementan y a veces más que proporcionalmente los ingresos del Estado. Hay una afirmación que debería ser de común aceptación: mientras que la renta por habitante de una población se mantenga constante o crezca, ningún miembro de ella, bien sea pensionista, funcionario, escritor o bombero, tiene por qué ver empeorada su situación en cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones conduce a que los jubilados vean que su pensión se reduce año a año. El planteamiento de los expertos del Gobierno consiste en utilizar la inflación, aprovechando la ilusión monetaria, para reducir progresivamente las pensiones, de manera que se cierre el desfase existente por otras causas entre las cotizaciones y las prestaciones.
Si en un periodo determinado de tiempo las pensiones suben por término medio menos que lo que lo ha hecho la renta per cápita es porque otras rentas, bien sean las salariales, las de capital o las empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es decir, se modifica la redistribución de la renta en contra de los pensionistas; ni que decir tiene que este efecto es mucho mayor cuando se pretende que ni siquiera mantengan el poder adquisitivo. Los expertos del Gobierno hablan de un factor de equidad intergeneracional, pero lo cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen en su informe tienden a romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un empobrecimiento progresivo en favor de otras rentas y es bastante lógico suponer que estas serán las de capital.
No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.
ASEGURAR LAS PENSIONES PÚBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL
Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un nivel de vida digno es una cuestión de la máxima importancia social y política. Los principios que deben regir la gestión de este derecho de la ciudadanía se encuentran en los textos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos mencionado el artículo 50 de la Constitución, que garantiza a todos los ciudadanos de la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente. En consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en épocas de déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser ningún problema, si se aplicara el principio de progresividad, establecido en el artículo 31 de la Constitución, y si las principales empresas del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades que en justicia les corresponden y en estos momentos eluden. No se trata de confiscar el dinero de nadie: una contribución similar a la de sus equivalentes en otros países europeos -Estados social y democráticamente más avanzados- sería suficiente.
Para todos los que luchamos por la democracia y la justicia social, el máximo referente normativo no puede ser otro que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su memorable artículo 25 hace una mención expresa a la tercera edad, en relación al derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar, derecho que todo ser humano posee. Es más, el artículo 22 establece que ?toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social?.
DERECHO CONSTITUCIONAL
En tanto en cuanto recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los abajo firmantes, economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras:
- Denunciamos que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones.
Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión. Y además, justificar la reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a los grandes grupos financieros de presión es una verdadera traición a los intereses de la mayoría de la población.
- Denunciamos ante la opinión pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones.
Es verdad que en los años próximos habrá más personas jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es cierto que de ahí se pueda deducir que inevitablemente se producirá un desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar las pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.
El equilibrio financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las pensiones:
Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos recibirá la seguridad social.
De la productividad, pues a medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos años), se puede obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones incluso con menos empleados.
Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los salarios en los ingresos totales, pues cuanto mayor sea ésta más masa salarial habrá para financiar las pensiones.
De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para la Seguridad Social.
Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente, aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la especialización de nuestra economía en actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene ocurriendo como consecuencia de las políticas neoliberales que han aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de la Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se está dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las grandes empresas y que está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad
Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en los próximos años simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que lógicamente se producirá en los próximos años.
Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.
El engaño que llevan consigo las predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es patente si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea sobre envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de gasto en pensiones de algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje excesivo pero se oculta que otros países ya lo han alcanzado en la actualidad. Asumir que Francia o Italia puede dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar más o menos esa misma proporción en 2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar sin más que el paro alcance niveles impensables y que los salarios españoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los próximos años. Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso culpar de la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la esperanza de vida.
Denunciamos que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente.
Ninguno de ellos acertó en ninguno de sus estudios en los que asustaban alegando que habría déficit del sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo contratados por los bancos y aseguradoras para que los repitieran para otros años, volviendo siempre a equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo que hay que hacer para hacer frente a los problemas del futuro.
Denunciamos también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.
Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.
Denunciamos que el grupo "de sabios" que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada y muy poco independiente.
La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o de seguros que es obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las pensiones y de un aumento de la suscripción de planes de ahorro privados.
Denunciamos que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de recortarlas para alcanzarlo.
Concretamente, el Gobierno no adopta las decisiones que podrían aumentar los ingresos, no solo haciendo otras políticas que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino otras más inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas, la prejubilación de iniciativa autónoma sin causa objetiva y los despidos en edad de posible jubilación anticipada o, por otro lado, revisar la baja cotización de casi cuatro millones de personas que se encuentran en los regímenes especiales y los niveles mínimos y topes máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de recursos.
Denunciamos que se oculta a los españoles que las cotizaciones sociales no son necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.
Como ya ocurre en otros países, en casos de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y se oculta también que se pueden obtener muchos más ingresos públicos para ello y para otros fines si se reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su persecución.
Denunciamos que lo que pretenden las reformas que se realizan de las pensiones públicas es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social.
Es evidente que difundir continuamente informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones públicas solo puede tener una consecuencia: que cada vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado. Ese es el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la población que la mayoría de los trabajadores no podrá ahorrar lo suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos, y que solo son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre enemigos de lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan resultarles un negocio suculento.
Denunciamos la complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro.
Por todo ello, y a partir de nuestros conocimientos y experiencia como economistas y juristas, pedimos a la opinión pública que no se deje engañar por argumentos interesados que solo buscan obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los fondos que ahora maneja la Seguridad Social.
Somos plenamente conscientes de que nuestras pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se callan y que los mismos gobiernos han provocado. Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso requiere disponer de más recursos, pero la solución "sabia" no puede ser reducir la cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van a necesitar y poner entonces sobre la mesa la forma en que hemos de generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con certeza que no todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en situación de pobreza severa.
Llamamos, pues, a la denuncia de las propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y empobrecimiento.
Francisco Álvarez Molina
Analista financiero. Doctor en Ingeniería Informática y licenciado en Matemáticas (Paris-Sorbona).Diplomado del Chartered Institute for Securities and Investment de Londres. Ex vicepresidente de la Bolsa de París y ex consejero-director general de la Bolsa de Valencia. Miembro del comité asesor de la Convention of Independant Financial Advisers, que a su vez asesora al comité socio-económico de la ONU. Miembro de la asociación española de analistas financieros. Presidente de la consultora independiente ÉTICA Family Office y presidente de la empresa de asesoría financiera independiente ÉTICA Patrimonios EAFI.
Lourdes Benería
Doctora en Economía por la Universidad de Columbia (USA), Catedrática de la Universidad de Cornell hasta jubilarse en 2009 donde fue Directora de varios programas como el Programa de Estudios Latinoamericanos y el de Género y Cambio Global; trabajó en el Programa de Empleo Mundial de la OIT y ha colaborado como consultora en otras agencias de las Naciones Unidas como UNIFEM, PNUD Y el Consejo Económico y Social. Ha sido Presidenta de IAFFE (2005) y es miembro del consejo editorial de varias revistas académicas de Economía.
Francisco Javier Braña Pino
Catedrático de Universidad en el Departamento Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca. Doctor en Ciencias económicas y empresariales, con una extensa y reconocida actividad investigadora, tiene también una amplia experiencia en el sector empresarial, tanto público como privado. Coautor del libro, editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2007, "Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones?. Agusti Colom ha sido Sindic de Comptes de Catalunya.
Cristina Carrasco
Profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Amplia investigación y ublicaciones en temas de trabajo de las mujeres y economía feminista. Pertenece al consejo Editorial de la Revista de Economía Crítica y del Feminist Economics. Participa en el Seminario de Economía Feminista de Barcelona
Agusti Colom
Profesor de Teoría económica en la Universidad de Barcelona. Ha sido Sindic de Comptes de Catalunya. Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica.
Fernando Esteve Mora
Profesor Titular de Fundamentos de Análisis Económico. Universidad Autónoma de Madrid. Autor del trabajo "Justicia distributiva y sistemas de pensiones". Principios. Estudios de Economía Política, nº 13, 2009, y de otros artículos sobre el sistema de pensiones en colaboración con Rafael Muñoz de Bustillo, entre el que destacaría el informe "Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones" (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.2007).
Miren Etxezarreta
Economista. Ha sido durante 35 años Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde sigue siendo Catedrática emérita. Entre sus diversas obras se pueden mencionar: Que pensiones, qué futuro con otros colegas, Ediciones Icaria, 2009 y Privatisation of pensions, artículo con Mejra Festic, publicado en Privatisation against the european social model, Editado por Marika Frangakis et. al. Palgrave, 2009.
Ramón Franquesa
Profesor Titular de Economía mundial de la Universidad de Barcelona. Delegado sindical de CCOO en la JPDI de la UB. Coautor de Economía Mundial, JM Vidal Villa; McGrawHill , 2001.
Alberto Garzón
Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga y Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Responsable de Economía Política Global y portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados por Izquierda Unida.
Antonio González González
Economista. Ha sido Secretario General de Empleo (entre 2006 y 2008), así como Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración, vocal asesor en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Director del Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT entre 1995 y 2004, e investigador en el Instituto Sindical de Estudios.
Adoración Guamán
Profesora Titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València. Doctora por las universidades de València y Paris X ? Nanterre. Su ámbito actual de trabajo y estudio son las consecuencias de la crisis económica sobre la regulación del trabajo y los derechos de las y los trabajadores. Colaboradora habitual con distintos movimientos sociales y sindicales, ha desarrollado la tarea de análisis, crítica y difusión de los contenidos y efectos de las sucesivas reformas laborales. Entre sus últimas publicaciones destaca ?El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo?, junto con Héctor Illueca y la coordinación del libro ?Educación Pública, de todos para todos: las claves de la marea verde?.
Héctor Illueca Ballester
Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia e Inspector de Trabajo y Seguridad Social, desde 2004. Participante habitual en sistemas extrajudiciales de solución de conflictos laborales, ha sido Árbitro en materia de elecciones sindicales durante los años 2005-2009. Ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias vinculadas al ámbito de los derechos sociales y políticas públicas y es coautor del libro "El huracán neoliberal: una reforma laboral contra el Trabajo" (2012), que estudia críticamente los cambios percibidos en la configuración del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde la irrupción del neoliberalismo.
Juan López Gandía
Catedrático de la Universidad de Valencia. Experto en materia de Pensiones, y firme defensor del Sistema público de pensiones en el Estado Social de Derecho. Ha publicado numerosos artículos especializados y es autor, entre otros, del libro ?Las claves de la reforma de la Seguridad Social?, un análisis practico de la ley 27/2011.
Juan Francisco Martín Seco
Ha sido profesor de Introducción a la Economía, de Teoría de la Población y de Hacienda Pública. Pertenece a los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado y al de Inspección de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de Interventor General de la Administración del Estado y de Secretario General de Hacienda.
José Luis Monereo
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada, durante 34 años. Experto en materia de Seguridad Social y del Sistema de Pensiones. Autor, entre otros, de los libros y ensayos "Público y Privado en el Sistema de Pensiones", "Los planes de pensiones del sistema de empleo", "La edad de jubilación", "La política de pensiones en el Estado Social en Transformación", "Los planes de pensiones en el sector público", "Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral", "Planes y fondos de pensiones: propuestas de reforma" (Fundación Alternativas), "Ciudadanía y derechos de las personas mayores".
Pedro Montes
Miembro por oposición del Servicio de Estudios del Banco de España, en el que trabajo durante 38 años, algunos de los cuales fue responsable del Sector Público. Autor, junto a Jesús Albarracín, de la investigación ?Las pensiones y la Sociedad del futuro?, publicada por la Universidad Carlos lll de Madrid. Autor, entre otros, del libro ?Golpe de Estado al Bienestar?.
Rafael Muñoz de Bustillo Llorente
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, donde ha sido profesor desde hace más de 30 años. Durante el curso 2012-13 ha sido Visiting Scholar de la School of Public Policy and Urban Affairs de la Universidad de Northeastern, Boston. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre el Estado de Bienestar y distintos trabajos sobre el sistema de pensiones para el Ministerio de Trabajo y el Fondo de Investigación de la Protección Social de la SS. Participa de forma habitual en grupos internacionales de investigación con financiación de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, y también de la The Johns Hopkins University en EEUU. Dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales, de patrocinio conjunto por la UPF-Hopkins. Es uno de los autores más citados en la bibliografía científica internacional en Ciencias Sociales, que incluye Ciencias Políticas y Economía entre otros.
Carlos Ochando Claramunt
Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y experto en temas relacionados con el Estado del bienestar y las políticas sociales.
Albert Recio
Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. Especialista en Economia laboral y represento en España el International Working Party on Labour Market Segmentation, soy miembro del Institut dEstudis del Treball
Jordi Roca Jusmet
Catedrático del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Autor del libro Pactos sociales y política de rentas y coautor de Economía ecológica y política ambiental. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas internacionales. Ha sido profesor entre otras muchas materias de "economía laboral".
Julio Rodríguez López
Estadístico superior del estado en el INE durante 2 años, por oposición (1969-71), después fue titulado del Servicio de Estudios del Banco de España a partir de 1971, también por oposición. Entre 1982 y 1985 fue consejero de Economía e Industria de la Junta de Andalucía; entre 1985 y 1994 fue presidente del Banco Hipotecario de España y entre 1994 y 2001 fue presidente de la Caja de Ahorros de Granada. Entre 2006 y 2008 fue gerente de la Universidad de Alcalá. Ha publicado numerosos artículos sobre mercado y política de vivienda. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid (antigua FSM), negociando el Estatuto de Autonomía de Madrid con UCD y con AP.
Amat Sánchez
Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de València. Especialista en Economía Laboral. Director de la Unidad de Investigación Economía y Política Laboral. Investigador asociado del Insitut d?Estudis del Treball.
Juan Torres López
Juan Torres López, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático del departamento de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Ha sido decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Ha desempeñado el cargo de Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id= ... pensiones-
24 economistas y juristas, más expertos que los del gobierno, presentan su documento
En defensa del sistema público de pensiones
Rebelión
Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer el PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.
LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.
Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de ?cuántos son los que producen?, cuando la variable importante es ?cuánto se produce?.
Conscientes de que se trata de un problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.
Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresión quiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra? ?Será incompatible con Maastricht?. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%.
La argumentación de todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el sistema público de pensiones. Vaticinaban que en un determinado número de años se produciría la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver en la solución.
LA TASA DE ACTIVIDAD, UNA VARIABLE RELEVANTE
La incorporación de mayor número de mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el incremento sustancial de la tasa de actividad. Sin modificar la población total, el número de los trabajadores potenciales ha aumentado de forma considerable. España goza de un amplio margen para avanzar en esta variable, dado que la tasa de actividad femenina es aún baja, en cualquier caso menor que la de otros países. A su vez, las llegadas de trabajadores inmigrantes también incrementan la tasa de actividad, pues aunque se eleva la población total, todo el aumento producido es de activos. Es una ironía contemplar a la ?Europa fortaleza? preocupándose por la reducida tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. Si el problema radicara solo en estas variables, la solución sería bastante sencilla: se trataría simplemente de abrir las fronteras a los trabajadores inmigrantes.
Llegados a este punto, está claro que sería un grave error considerar la población activa como núcleo del problema. El factor más importante no es el número de personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan hacerlo. Si aceptamos esta premisa, la medida de retrasar la edad de jubilación carece de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de paro. En 2013, en España, con 6 millones largos de parados, elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años no tiene demasiada lógica.
LA PRODUCTIVIDAD, FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Pero ahondando más en la materia, al plantear la cuestión de las pensiones hay que superar también la visión estrictamente cuantitativa del número de trabajadores para considerar, además, la productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años el 30% de la población activa española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.
CONSECUENCIAS DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO
Ha sido el Pacto de Toledo, o una visión sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema público de pensiones en un laberinto de difícil salida. A ello ha contribuido la consideración de las cotizaciones sociales como fuente exclusiva de financiación de las pensiones, no encontrando entonces otra salida que no sea la disminución de las prestaciones.
Se llama Pacto de Toledo al documento aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión del 6 de abril de 1995, titulado "Análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse". Su origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el Congreso de una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. Pero esta iniciativa parlamentaria no descendió del cielo, sino que surgió de un escenario formado por dos hechos que se complementan.
El primero es una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que partía de ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la Unión Europea. Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los países, potenciadas por las entidades financieras y por la mayoría de las fuerzas económicas y políticas.
El segundo hecho es nacional y reside en las acusaciones mutuas entre los dos partidos políticos mayoritarios de nuestro país, que se reprochaban poner en peligro el sistema público de pensiones. El PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de pagar a los pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones generales -como así ocurriría en 1996- difundía la idea de que la llegada de la derecha al poder suponía un grave riesgo para esta prestación social. Al mismo tiempo, ante el déficit que en aquel momento mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, en vez de enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al presentar la Seguridad Social como una institución distinta del Estado y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba en una situación crítica de cara al futuro. Este hecho daba ocasión al PP para acusar al Gobierno de ponerla en peligro.
La presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes, cuyo ámbito de preocupaciones, en esta etapa de su vida, se circunscribe en buena medida a cómo afrontar económicamente los últimos días de su existencia, es bastante aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen el tema de las pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como presa fácil de la demagogia política.
Esta similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante porque sembraba la sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensiones públicas como algo graciable que podía reducirse. Cuando piensan que están perjudicando a la otra formación política, en realidad lo que hacen es descubrir su concepción espuria sobre el tema. El simple hecho de dar como posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al Estado social que consagra la Constitución.
LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO
La auténtica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social como algo distinto y separado de los servicios del al Estado. El divorcio solo es planteable desde una concepción neoliberal, pero no desde los principios constitutivos del Estado social. En su virtud, la protección social no es algo accidental al Estado sino una responsabilidad de éste, algo que sigue a su esencia. El Pacto de Toledo realizó una segregación entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de fuentes de financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en el ámbito de la Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien es cierto que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra ?preferentemente? en lugar de ?exclusivamente?, pero lo cierto es que, en la práctica, tal matización se olvida y se hace depender el mantenimiento de las pensiones únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiación se hace en extremo vulnerable.
Anteriormente no había sido así. De hecho, en los presupuestos del Estado aparecían transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social. La Ley de Presupuestos de 1989 estableció un cambio de modelo de financiación mediante el compromiso de financiar progresivamente con aportaciones públicas. Los complementos de mínimos de las pensiones y la sanidad Fue en 1994 cuando se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones con préstamos del Estado en vez de hacerlo mediante transferencias, prueba palpable de la distinción que se quería hacer entre el Estado y la Seguridad Social. El tema era tanto más grave cuanto que en 1995 se reduce un punto la cotización por contingencias comunes.
La separación de fuentes se ha entendido como algo estructural, no como un mero instrumento para la transparencia y una administración racional de los recursos del Estado. Este mecanismo se ha transformado en una característica esencial del sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública. Esta concepción es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en una situación de mayor riesgo, dificultando además toda mejora en las prestaciones.
EL FONDO DE RESERVA
Este diseño de sistema cerrado que se da a la Seguridad Social tiene su contrapartida en el establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de reserva. Se estipula que en las épocas en que la recaudación por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo al que vulgarmente se llama ?hucha de las pensiones? lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su poder económico. La prueba evidente es que de nada ha servido que durante todos los años de bonanza se haya ido incrementando y que los distintos gobiernos de uno o de otro signo se hayan vanagloriado de ello. Ha bastado que se produjesen los primeros déficits en el sistema para que surja con virulencia una propuesta de reforma y de reducción de las prestaciones.
LAS PENSIONES NO TIENEN POR QUÉ FINANCIARSE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE COTIZACIONES SOCIALES
En un Estado definido como social por la vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable pero no económica y, mucho menos, política; es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se trata de una separación convencional.
La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra del Estado y el Estado no puede quebrar. Como máximo puede acercarse a la suspensión de pagos, pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen mayor riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la pasada crisis bursátil. Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que cierto dogmatismo económico nos introduzca en una coyuntura de difícil salida.
LAS PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN
Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: ?Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad?. Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de ?gastos obligatorios? que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
El denominado ?déficit del sistema?, más allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede pretender que esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones por el hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.
Asimismo, vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que la caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política económica adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una reducción de ingresos por cotizaciones, no parece razonable. El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de los ingresos debida a la recesión, y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión. Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo ?seriamente cuestionada? por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida.
TAMBIÉN HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS
Es curioso que la cuestión se haya planteado siempre desde el lado del gasto para reducirlo, y nunca desde la óptica de los ingresos y de su posible incremento; más bien todo lo contrario, de vez en cuando surgen presiones para disminuir las cotizaciones sociales. Estas presiones que, en los momentos actuales, proceden incluso de la propia Unión Europea, añaden sin duda un factor más de inseguridad si hacemos depender exclusivamente las pensiones de las cotizaciones, tal como se asume en el informe de los expertos del Gobierno. Es una evidencia que las reivindicaciones para reducir las cotizaciones aumentarán en el futuro bajo el argumento de que estas constituyen un impuesto sobre las nóminas, y que deberían ser sustituidas por impuestos indirectos.
El gasto, en relación al PIB, del sistema público de pensiones español es reducido cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, por lo que no parece que tenga mucho sentido hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y aun cuando no se modificase el sistema, la situación no va a cambiar durante muchos años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea (que es la instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes), en 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni la obligación por el lado del gasto.
Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report, sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom es sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia.
LA RENTA PER CÁPITA COMO VARIABLE ESTRATÉGICA
Por otra parte, la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no son las únicas variables que habría que tener en cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones, sino también la evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.
El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no de escasez de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva.
MÁS BIENES PÚBLICOS
Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también que las necesidades que deben ser satisfechas cambien y, por tanto, haya una variación de los bienes y servicios que hay que producir. Es muy posible que la decisión que adopte el mercado referente a estos no sea la adecuada -en contra de lo que piensa el liberalismo económico- a las necesidades reales, ni en su composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en el sector industrial y en el de servicios presentan nuevas contingencias o, al menos, contingencias mucho más acusadas que en el mundo rural. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida crean nuevas necesidades y exigen por tanto la necesidad de que las sociedades se doten de nuevos servicios.
John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años que todos estos cambios exigían una redistribución de los bienes y servicios que deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente para garantizarse una pensión de jubilación digna? La única dificultad es ideológica. Bajo el poder absoluto del neoliberalismo económico, una sola tendencia pretende imponer su ley: más iniciativa privada y menos sector público.
El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva.
EL SISTEMA ESPAÑOL NO ES GENEROSO
El tema de las pensiones lleva ya muchos años acumulando tras de sí todo tipo de falacias y sofismas. Una de las más importantes quizá sea la afirmación de la OCDE y de otros organismos internacionales acerca de que las pensiones en España son muy generosas. Cosa curiosa, porque para generosidad la que estos organismos tienen con sus funcionarios. Trabajar unos pocos años en cualquiera de ellos garantiza una generosa pensión que ya quisieran para sí los trabajadores con mejor cualificación de nuestro país.
Esa versión alejada de la realidad de las pensiones españolas proviene de unos planteamientos que no se corresponden con los datos, Además, las comparaciones internacionales resultan muy complicadas en estos casos. Parten de la siguiente pregunta: ¿qué pensión le correspondería en relación con su último salario a un trabajador que hubiese cotizado el número mínimo de años para percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y se jubilase a la edad legal (en nuestro país, 65 años, por ahora)? Este porcentaje, que se sitúa en España por encima del 90%, es superior al de muchos países de la Unión Europea, pero paradójicamente no a los de Portugal y Grecia. Por tanto, según este indicador, los países con menos ingresos de la Unión son los más generosos con sus jubilados.
En realidad, se trata de todo lo contrario, porque el indicador anterior es un porcentaje teórico que pasa por alto muchos factores: la dinámica del mercado de trabajo, la penalización de la jubilación anticipada, topes máximos, salario mínimo, bases sobre las que cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas, sistema fiscal, etc. La tasa real en nuestro país está muy alejada de ese porcentaje. En vez del 90%, la cifra que se obtiene computando todos los factores, no alcanza siquiera el 60% del salario medio. En 2011, la media de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1.200 euros mensuales, mientras que el salario medio bruto para el cuarto trimestre de ese año fue de 2.020 euros. El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de pobreza. En 2011, la cuantía de la pensión media de jubilación ascendió a 915 euros, y el 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros).
SE PRETENDE FAVORECER LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES
Existen sospechas bien fundadas de que las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tienen también como finalidad potenciar los fondos privados de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad de completar las pensiones públicas con pensiones privadas. Lo primero a considerar es lo incorrecto y cómo induce a engaño la denominación ?pensiones? aplicadas a los fondos, al menos tal como se instrumentan en España, donde las aportaciones las realizan solo los particulares y no las empresas. De hecho, la única alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona de forma individual ahorre para la vejez. Pero para ese viaje no hacían falta tales alforjas. Si es así, lo que resulta aún más indignante es que pretendan decirnos en qué inversiones tiene que materializarse nuestro ahorro. ¿Por qué en fondos y no directamente en bolsa o en vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo? Los fondos de pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el inversor. Habrá que cuestionarse el motivo de incentivar un sistema de ahorro (los fondos de pensiones) en detrimento de otros.
Supeditar la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.
Los mal llamados fondos de pensiones solo benefician a las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. De hecho, dejarían de existir tan pronto como desapareciese la desgravación fiscal, tal como se encargaron de difundir sus propios defensores cuando se expandió el rumor de que iban a perder los beneficios fiscales. ¿Pero cuál es entonces la razón de ser de un producto financiero que sin desgravación fiscal nadie -ni ricos ni pobres- estaría dispuesto a demandar? Para el participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia de control de la inversión, pago de importantes comisiones, etc. Pero, precisamente lo que son rémoras para el cliente, se convierten en ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que manejan a su antojo a través de las gestoras y que les dotan de enorme poder económico, a la vez que les permiten apropiarse mediante distintas comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos puedan generar.
CAPITALIZACIÓN O REPARTO
Los propagandistas de los fondos de pensiones cantan las excelencias del sistema de capitalización sobre el de reparto, identificando el primero con el privado y el segundo con el público. En realidad, cuando se trata de un sistema público la distinción entre capitalización y reparto es más teórica que real. Si por una parte puede suponerse que las pensiones de los pasivos se financian con las cotizaciones de los activos -estaríamos entonces en un sistema de reparto- también puede suponerse, y esto sería más exacto, que en función de la unidad de caja del Estado todos los ingresos, incluidos impuestos y cotizaciones sociales, financian todos los gastos, también los de Seguridad Social.
Si esto es así, el sistema actual, al que llamamos de reparto, se convertiría en un sistema de capitalización. Podemos suponer que los recursos aportados hoy por las cotizaciones serían un préstamo que los trabajadores actualmente activos realizan al Estado y que este dedicará a financiar la inversión social y pública, desde la educación a la sanidad, pasando por carreteras, comunicaciones, tecnología, empresas públicas, etc. Dicho préstamo al Estado se devolverá junto con los intereses a los cotizantes de hoy en forma de pensiones. Del mismo modo, las prestaciones sociales que actualmente se pagan son el retorno a los jubilados de lo que cotizaron (préstamo al Estado) en el pasado. Que la distinción es más teórica que real se percibe con claridad en el hecho de que muchos fondos privados de pensiones terminan invirtiéndose en deuda pública, es decir, prestando al Estado. Lo que está en juego, por tanto, es la intermediación de las entidades financieras.
La argumentación anterior hace que carezca de sentido el reproche al sistema público de pensiones de que genera una situación intergeneracional injusta, ya que obliga a las generaciones futuras a mantener a un mayor número de pensionistas. Las cotizaciones y los impuestos de esos jubilados han hecho posible mediante la educación, las infraestructuras, la investigación, etc., que la productividad en una serie de años se haya multiplicado y que el trabajo de los activos de ahora y del futuro produzca mucho más y que la renta per cápita sea también mayor.
No obstante, todo lo hasta aquí afirmado responde a la óptica macroeconómica, analizando los efectos globales o a partir del análisis de la prestación promedio. Mas el punto de vista cambia cuando se trata de la conveniencia de un determinado particular, entonces sí puede haber una distinción radical y fundamental entre el sistema público y el privado. En el segundo, no se da ninguna redistribución de rentas. Existe una correspondencia unívoca entre cada prestación y la correspondiente cotización individual. Las diferencias que se pueden generar en el sistema privado son muy superiores a las de un sistema público, hasta el extremo de que para muchos colectivos los planes de pensiones son prácticamente inaplicables, teniendo que hacerse cargo el sector público en último término de las prestaciones.
CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
El pacto de Toledo tuvo al menos un efecto positivo que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso de las distintas fuerzas políticas acerca de que las pensiones se actualizarían anualmente de acuerdo con el incremento del índice de precios al consumo. La medida parecía justa y lógica. Justa porque así lo proclama nuestra Constitución y lógica porque con la inflación también se incrementan y a veces más que proporcionalmente los ingresos del Estado. Hay una afirmación que debería ser de común aceptación: mientras que la renta por habitante de una población se mantenga constante o crezca, ningún miembro de ella, bien sea pensionista, funcionario, escritor o bombero, tiene por qué ver empeorada su situación en cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones conduce a que los jubilados vean que su pensión se reduce año a año. El planteamiento de los expertos del Gobierno consiste en utilizar la inflación, aprovechando la ilusión monetaria, para reducir progresivamente las pensiones, de manera que se cierre el desfase existente por otras causas entre las cotizaciones y las prestaciones.
Si en un periodo determinado de tiempo las pensiones suben por término medio menos que lo que lo ha hecho la renta per cápita es porque otras rentas, bien sean las salariales, las de capital o las empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es decir, se modifica la redistribución de la renta en contra de los pensionistas; ni que decir tiene que este efecto es mucho mayor cuando se pretende que ni siquiera mantengan el poder adquisitivo. Los expertos del Gobierno hablan de un factor de equidad intergeneracional, pero lo cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen en su informe tienden a romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un empobrecimiento progresivo en favor de otras rentas y es bastante lógico suponer que estas serán las de capital.
No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.
ASEGURAR LAS PENSIONES PÚBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL
Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un nivel de vida digno es una cuestión de la máxima importancia social y política. Los principios que deben regir la gestión de este derecho de la ciudadanía se encuentran en los textos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos mencionado el artículo 50 de la Constitución, que garantiza a todos los ciudadanos de la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente. En consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en épocas de déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser ningún problema, si se aplicara el principio de progresividad, establecido en el artículo 31 de la Constitución, y si las principales empresas del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades que en justicia les corresponden y en estos momentos eluden. No se trata de confiscar el dinero de nadie: una contribución similar a la de sus equivalentes en otros países europeos -Estados social y democráticamente más avanzados- sería suficiente.
Para todos los que luchamos por la democracia y la justicia social, el máximo referente normativo no puede ser otro que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su memorable artículo 25 hace una mención expresa a la tercera edad, en relación al derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar, derecho que todo ser humano posee. Es más, el artículo 22 establece que ?toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social?.
DERECHO CONSTITUCIONAL
En tanto en cuanto recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los abajo firmantes, economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras:
- Denunciamos que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones.
Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión. Y además, justificar la reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a los grandes grupos financieros de presión es una verdadera traición a los intereses de la mayoría de la población.
- Denunciamos ante la opinión pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones.
Es verdad que en los años próximos habrá más personas jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es cierto que de ahí se pueda deducir que inevitablemente se producirá un desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar las pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.
El equilibrio financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las pensiones:
Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos recibirá la seguridad social.
De la productividad, pues a medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos años), se puede obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones incluso con menos empleados.
Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los salarios en los ingresos totales, pues cuanto mayor sea ésta más masa salarial habrá para financiar las pensiones.
De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para la Seguridad Social.
Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente, aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la especialización de nuestra economía en actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene ocurriendo como consecuencia de las políticas neoliberales que han aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de la Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se está dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las grandes empresas y que está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad
Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en los próximos años simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que lógicamente se producirá en los próximos años.
Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.
El engaño que llevan consigo las predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es patente si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea sobre envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de gasto en pensiones de algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje excesivo pero se oculta que otros países ya lo han alcanzado en la actualidad. Asumir que Francia o Italia puede dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar más o menos esa misma proporción en 2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar sin más que el paro alcance niveles impensables y que los salarios españoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los próximos años. Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso culpar de la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la esperanza de vida.
Denunciamos que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente.
Ninguno de ellos acertó en ninguno de sus estudios en los que asustaban alegando que habría déficit del sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo contratados por los bancos y aseguradoras para que los repitieran para otros años, volviendo siempre a equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo que hay que hacer para hacer frente a los problemas del futuro.
Denunciamos también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.
Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.
Denunciamos que el grupo "de sabios" que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada y muy poco independiente.
La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o de seguros que es obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las pensiones y de un aumento de la suscripción de planes de ahorro privados.
Denunciamos que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de recortarlas para alcanzarlo.
Concretamente, el Gobierno no adopta las decisiones que podrían aumentar los ingresos, no solo haciendo otras políticas que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino otras más inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas, la prejubilación de iniciativa autónoma sin causa objetiva y los despidos en edad de posible jubilación anticipada o, por otro lado, revisar la baja cotización de casi cuatro millones de personas que se encuentran en los regímenes especiales y los niveles mínimos y topes máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de recursos.
Denunciamos que se oculta a los españoles que las cotizaciones sociales no son necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.
Como ya ocurre en otros países, en casos de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y se oculta también que se pueden obtener muchos más ingresos públicos para ello y para otros fines si se reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su persecución.
Denunciamos que lo que pretenden las reformas que se realizan de las pensiones públicas es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social.
Es evidente que difundir continuamente informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones públicas solo puede tener una consecuencia: que cada vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado. Ese es el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la población que la mayoría de los trabajadores no podrá ahorrar lo suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos, y que solo son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre enemigos de lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan resultarles un negocio suculento.
Denunciamos la complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro.
Por todo ello, y a partir de nuestros conocimientos y experiencia como economistas y juristas, pedimos a la opinión pública que no se deje engañar por argumentos interesados que solo buscan obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los fondos que ahora maneja la Seguridad Social.
Somos plenamente conscientes de que nuestras pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se callan y que los mismos gobiernos han provocado. Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso requiere disponer de más recursos, pero la solución "sabia" no puede ser reducir la cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van a necesitar y poner entonces sobre la mesa la forma en que hemos de generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con certeza que no todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en situación de pobreza severa.
Llamamos, pues, a la denuncia de las propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y empobrecimiento.
Francisco Álvarez Molina
Analista financiero. Doctor en Ingeniería Informática y licenciado en Matemáticas (Paris-Sorbona).Diplomado del Chartered Institute for Securities and Investment de Londres. Ex vicepresidente de la Bolsa de París y ex consejero-director general de la Bolsa de Valencia. Miembro del comité asesor de la Convention of Independant Financial Advisers, que a su vez asesora al comité socio-económico de la ONU. Miembro de la asociación española de analistas financieros. Presidente de la consultora independiente ÉTICA Family Office y presidente de la empresa de asesoría financiera independiente ÉTICA Patrimonios EAFI.
Lourdes Benería
Doctora en Economía por la Universidad de Columbia (USA), Catedrática de la Universidad de Cornell hasta jubilarse en 2009 donde fue Directora de varios programas como el Programa de Estudios Latinoamericanos y el de Género y Cambio Global; trabajó en el Programa de Empleo Mundial de la OIT y ha colaborado como consultora en otras agencias de las Naciones Unidas como UNIFEM, PNUD Y el Consejo Económico y Social. Ha sido Presidenta de IAFFE (2005) y es miembro del consejo editorial de varias revistas académicas de Economía.
Francisco Javier Braña Pino
Catedrático de Universidad en el Departamento Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca. Doctor en Ciencias económicas y empresariales, con una extensa y reconocida actividad investigadora, tiene también una amplia experiencia en el sector empresarial, tanto público como privado. Coautor del libro, editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2007, "Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones?. Agusti Colom ha sido Sindic de Comptes de Catalunya.
Cristina Carrasco
Profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Amplia investigación y ublicaciones en temas de trabajo de las mujeres y economía feminista. Pertenece al consejo Editorial de la Revista de Economía Crítica y del Feminist Economics. Participa en el Seminario de Economía Feminista de Barcelona
Agusti Colom
Profesor de Teoría económica en la Universidad de Barcelona. Ha sido Sindic de Comptes de Catalunya. Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica.
Fernando Esteve Mora
Profesor Titular de Fundamentos de Análisis Económico. Universidad Autónoma de Madrid. Autor del trabajo "Justicia distributiva y sistemas de pensiones". Principios. Estudios de Economía Política, nº 13, 2009, y de otros artículos sobre el sistema de pensiones en colaboración con Rafael Muñoz de Bustillo, entre el que destacaría el informe "Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones" (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.2007).
Miren Etxezarreta
Economista. Ha sido durante 35 años Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde sigue siendo Catedrática emérita. Entre sus diversas obras se pueden mencionar: Que pensiones, qué futuro con otros colegas, Ediciones Icaria, 2009 y Privatisation of pensions, artículo con Mejra Festic, publicado en Privatisation against the european social model, Editado por Marika Frangakis et. al. Palgrave, 2009.
Ramón Franquesa
Profesor Titular de Economía mundial de la Universidad de Barcelona. Delegado sindical de CCOO en la JPDI de la UB. Coautor de Economía Mundial, JM Vidal Villa; McGrawHill , 2001.
Alberto Garzón
Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga y Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Responsable de Economía Política Global y portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados por Izquierda Unida.
Antonio González González
Economista. Ha sido Secretario General de Empleo (entre 2006 y 2008), así como Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración, vocal asesor en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Director del Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT entre 1995 y 2004, e investigador en el Instituto Sindical de Estudios.
Adoración Guamán
Profesora Titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València. Doctora por las universidades de València y Paris X ? Nanterre. Su ámbito actual de trabajo y estudio son las consecuencias de la crisis económica sobre la regulación del trabajo y los derechos de las y los trabajadores. Colaboradora habitual con distintos movimientos sociales y sindicales, ha desarrollado la tarea de análisis, crítica y difusión de los contenidos y efectos de las sucesivas reformas laborales. Entre sus últimas publicaciones destaca ?El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo?, junto con Héctor Illueca y la coordinación del libro ?Educación Pública, de todos para todos: las claves de la marea verde?.
Héctor Illueca Ballester
Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia e Inspector de Trabajo y Seguridad Social, desde 2004. Participante habitual en sistemas extrajudiciales de solución de conflictos laborales, ha sido Árbitro en materia de elecciones sindicales durante los años 2005-2009. Ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias vinculadas al ámbito de los derechos sociales y políticas públicas y es coautor del libro "El huracán neoliberal: una reforma laboral contra el Trabajo" (2012), que estudia críticamente los cambios percibidos en la configuración del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde la irrupción del neoliberalismo.
Juan López Gandía
Catedrático de la Universidad de Valencia. Experto en materia de Pensiones, y firme defensor del Sistema público de pensiones en el Estado Social de Derecho. Ha publicado numerosos artículos especializados y es autor, entre otros, del libro ?Las claves de la reforma de la Seguridad Social?, un análisis practico de la ley 27/2011.
Juan Francisco Martín Seco
Ha sido profesor de Introducción a la Economía, de Teoría de la Población y de Hacienda Pública. Pertenece a los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado y al de Inspección de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de Interventor General de la Administración del Estado y de Secretario General de Hacienda.
José Luis Monereo
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada, durante 34 años. Experto en materia de Seguridad Social y del Sistema de Pensiones. Autor, entre otros, de los libros y ensayos "Público y Privado en el Sistema de Pensiones", "Los planes de pensiones del sistema de empleo", "La edad de jubilación", "La política de pensiones en el Estado Social en Transformación", "Los planes de pensiones en el sector público", "Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral", "Planes y fondos de pensiones: propuestas de reforma" (Fundación Alternativas), "Ciudadanía y derechos de las personas mayores".
Pedro Montes
Miembro por oposición del Servicio de Estudios del Banco de España, en el que trabajo durante 38 años, algunos de los cuales fue responsable del Sector Público. Autor, junto a Jesús Albarracín, de la investigación ?Las pensiones y la Sociedad del futuro?, publicada por la Universidad Carlos lll de Madrid. Autor, entre otros, del libro ?Golpe de Estado al Bienestar?.
Rafael Muñoz de Bustillo Llorente
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, donde ha sido profesor desde hace más de 30 años. Durante el curso 2012-13 ha sido Visiting Scholar de la School of Public Policy and Urban Affairs de la Universidad de Northeastern, Boston. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre el Estado de Bienestar y distintos trabajos sobre el sistema de pensiones para el Ministerio de Trabajo y el Fondo de Investigación de la Protección Social de la SS. Participa de forma habitual en grupos internacionales de investigación con financiación de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, y también de la The Johns Hopkins University en EEUU. Dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales, de patrocinio conjunto por la UPF-Hopkins. Es uno de los autores más citados en la bibliografía científica internacional en Ciencias Sociales, que incluye Ciencias Políticas y Economía entre otros.
Carlos Ochando Claramunt
Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y experto en temas relacionados con el Estado del bienestar y las políticas sociales.
Albert Recio
Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. Especialista en Economia laboral y represento en España el International Working Party on Labour Market Segmentation, soy miembro del Institut dEstudis del Treball
Jordi Roca Jusmet
Catedrático del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Autor del libro Pactos sociales y política de rentas y coautor de Economía ecológica y política ambiental. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas internacionales. Ha sido profesor entre otras muchas materias de "economía laboral".
Julio Rodríguez López
Estadístico superior del estado en el INE durante 2 años, por oposición (1969-71), después fue titulado del Servicio de Estudios del Banco de España a partir de 1971, también por oposición. Entre 1982 y 1985 fue consejero de Economía e Industria de la Junta de Andalucía; entre 1985 y 1994 fue presidente del Banco Hipotecario de España y entre 1994 y 2001 fue presidente de la Caja de Ahorros de Granada. Entre 2006 y 2008 fue gerente de la Universidad de Alcalá. Ha publicado numerosos artículos sobre mercado y política de vivienda. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid (antigua FSM), negociando el Estatuto de Autonomía de Madrid con UCD y con AP.
Amat Sánchez
Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de València. Especialista en Economía Laboral. Director de la Unidad de Investigación Economía y Política Laboral. Investigador asociado del Insitut d?Estudis del Treball.
Juan Torres López
Juan Torres López, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático del departamento de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Ha sido decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Ha desempeñado el cargo de Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id= ... pensiones-
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Carpe el Lumpen
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Cojonudo...Errante escribió:
Francisco Álvarez Molina
ex consejero-director general de la Bolsa de Valencia. (...) asesora al comité socio-económico de la ONU.
Lourdes Benería
fue Directora de varios programas como el Programa de Estudios Latinoamericanos y el de Género y Cambio Global; trabajó en el Programa de Empleo Mundial de la OIT y ha colaborado como consultora en otras agencias de las Naciones Unidas como UNIFEM, PNUD Y el Consejo Económico y Social. Ha sido Presidenta de IAFFE (2005).
Francisco Javier Braña Pino
amplia experiencia en el sector empresarial, tanto público como privado. Coautor del libro, editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2007. Agusti Colom ha sido Sindic de Comptes de Catalunya.
Cristina Carrasco
investigación y ublicaciones en temas de trabajo de las mujeres y economía feminista. Pertenece al consejo Editorial de la Revista de Economía Crítica y del Feminist Economics. Participa en el Seminario de Economía Feminista de Barcelona
Agusti Colom
Sindic de Comptes de Catalunya. Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica.
Fernando Esteve Mora
Profesor Titular de Fundamentos de Análisis Económico. Autor del trabajo "Justicia distributiva y sistemas de pensiones".
Miren Etxezarreta
Ha sido durante 35 años Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde sigue siendo Catedrática emérita.
Ramón Franquesa
. Delegado sindical de CCOO en la JPDI de la UB.
Alberto Garzón
Es miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Responsable de Economía Política Global y portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados por Izquierda Unida.
Antonio González González
Ha sido Secretario General de Empleo (entre 2006 y 2008), así como Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración, vocal asesor en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Director del Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT entre 1995 y 2004, e investigador en el Instituto Sindical de Estudios.
Adoración Guamán
Colaboradora habitual con distintos movimientos sociales y sindicales, ha desarrollado la tarea de análisis, crítica y difusión de los contenidos y efectos de las sucesivas reformas laborales. Entre sus últimas publicaciones destaca ?El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo?, junto con Héctor Illueca y la coordinación del libro ?Educación Pública, de todos para todos: las claves de la marea verde?.
Héctor Illueca Ballester
Inspector de Trabajo y Seguridad Social, desde 2004. ha sido Árbitro en materia de elecciones sindicales durante los años 2005-2009. Ha impartido numerosos cursos (pagados por los sindicatos) estudia críticamente los cambios percibidos en la configuración del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde la irrupción del neoliberalismo.
Juan Francisco Martín Seco
Pertenece a los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado y al de Inspección de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de Interventor General de la Administración del Estado y de Secretario General de Hacienda.
José Luis Monereo
(Fundación Alternativas)
Pedro Montes
Miembro del Servicio de Estudios del Banco de España, fue responsable del Sector Público.
Rafael Muñoz de Bustillo Llorente
participa de forma habitual en grupos internacionales de investigación con financiación de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo.
Vicenç Navarro
Dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales, de patrocinio conjunto por la UPF-Hopkins. Es uno de los autores más citados en la bibliografía científica internacional en Ciencias Sociales, que incluye Ciencias Políticas y Economía entre otros.
Albert Recio
Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. represento en España el International Working Party on Labour Market Segmentation, soy miembro del Institut dEstudis del Treball
Julio Rodríguez López
Estadístico superior del estado en el INE después fue titulado del Servicio de Estudios del Banco de España a partir de 1971
fue consejero de Economía e Industria de la Junta de Andalucía; presidente del Banco Hipotecario de España presidente de la Caja de Ahorros de Granada.gerente de la Universidad de Alcalá. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid (antigua FSM), negociando el Estatuto de Autonomía de Madrid con UCD y con AP.
Amat Sánchez
Director de la Unidad de Investigación Economía y Política Laboral. Investigador asociado del Insitut d?Estudis del Treball.
Juan Torres López
Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.
Así yo también digo que hay que dar más dinero al Estado.
Mientras tanto los verdaderos genios españoles, están en EEUU e Inglaterra currando como cabrones.
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Carpe el Lumpen
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¿Dónde pone en la Constitución que tenemos que pagar a toda esa panda de parásitos por decir lo que tenemos que hacer?
¿Dónde pone que yo tengo que trabajar más tiempo para pagar las recetas de Ibuprofeno?
¿Dónde pone que es preferible morir en una lista de espera para curar un cáncer porque los médicos están ocupados trabajando en las clínicas privadas por las tardes, donde mandan a los de la lista de espera si no se quieren morir esperando?
¿Dónde pone que el director y sus allegados del TGSS pueda viajar en primera clase y tener un cochazo oficial?
Yo nunca me he negado a pagar operaciones necesarias... pero lo necesario no lo pueden decidir una pandilla draki, porque pasa lo que pasa.
Los defensores de lo público hablais como si cada euro que das en impuestos fuese a parar a buenas causas, y que cada euro invertido por personas físicas o jurídicas privadas, es con el propósito de causar el mal... como si los funcionarios públicos fuesen poco menos que misioneros, y los trabajadores privados unos gilipollas que se someten a satanás.
¿Dónde pone que yo tengo que trabajar más tiempo para pagar las recetas de Ibuprofeno?
¿Dónde pone que es preferible morir en una lista de espera para curar un cáncer porque los médicos están ocupados trabajando en las clínicas privadas por las tardes, donde mandan a los de la lista de espera si no se quieren morir esperando?
¿Dónde pone que el director y sus allegados del TGSS pueda viajar en primera clase y tener un cochazo oficial?
Yo nunca me he negado a pagar operaciones necesarias... pero lo necesario no lo pueden decidir una pandilla draki, porque pasa lo que pasa.
Los defensores de lo público hablais como si cada euro que das en impuestos fuese a parar a buenas causas, y que cada euro invertido por personas físicas o jurídicas privadas, es con el propósito de causar el mal... como si los funcionarios públicos fuesen poco menos que misioneros, y los trabajadores privados unos gilipollas que se someten a satanás.
LAS PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN
Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: ?Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad?. Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de ?gastos obligatorios? que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
evidentemente no se trata de darle mas dinero al estado. se trata de que un estado social y democratico no puede ser capitalizado de espaldas al pueblo.ASEGURAR LAS PENSIONES PÚBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL
Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un nivel de vida digno es una cuestión de la máxima importancia social y política. Los principios que deben regir la gestión de este derecho de la ciudadanía se encuentran en los textos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos mencionado el artículo 50 de la Constitución, que garantiza a todos los ciudadanos de la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente. En consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en épocas de déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser ningún problema, si se aplicara el principio de progresividad, establecido en el artículo 31 de la Constitución, y si las principales empresas del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades que en justicia les corresponden y en estos momentos eluden. No se trata de confiscar el dinero de nadie: una contribución similar a la de sus equivalentes en otros países europeos -Estados social y democráticamente más avanzados- sería suficiente.
Para todos los que luchamos por la democracia y la justicia social, el máximo referente normativo no puede ser otro que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su memorable artículo 25 hace una mención expresa a la tercera edad, en relación al derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar, derecho que todo ser humano posee. Es más, el artículo 22 establece que ?toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social?.
bueno, puedes hacerlo, claro, pero le tienes que cambiar el nombre.
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Carpe el Lumpen
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"No se trata de confiscar el dinero de nadie: una contribución similar a la de sus equivalentes en otros países europeos -Estados social y democráticamente más avanzados- sería suficiente. "
Yo les diría: "No se trata de mandarte a tomar por c..., se trata de intentar robar sólo para lo necesario, y no para mantenerte a tí, gi....".
Yo les diría: "No se trata de mandarte a tomar por c..., se trata de intentar robar sólo para lo necesario, y no para mantenerte a tí, gi....".
En ninguna parte, pero yo casi que prefiero tener una buena sanidad pública a tener que pagarla si me pasa algo, aunque me suban mucho los impuestos.Carpe el Sultán de Brunei escribió:¿Dónde pone en la Constitución que tenemos que pagar a toda esa panda de parásitos por decir lo que tenemos que hacer?
¿Dónde pone que yo tengo que trabajar más tiempo para pagar las recetas de Ibuprofeno?
¿Dónde pone que es preferible morir en una lista de espera para curar un cáncer porque los médicos están ocupados trabajando en las clÃnicas privadas por las tardes, donde mandan a los de la lista de espera si no se quieren morir esperando?
¿Dónde pone que el director y sus allegados del TGSS pueda viajar en primera clase y tener un cochazo oficial?
Yo nunca me he negado a pagar operaciones necesarias... pero lo necesario no lo pueden decidir una pandilla draki, porque pasa lo que pasa.
Los defensores de lo público hablais como si cada euro que das en impuestos fuese a parar a buenas causas, y que cada euro invertido por personas fÃsicas o jurÃdicas privadas, es con el propósito de causar el mal... como si los funcionarios públicos fuesen poco menos que misioneros, y los trabajadores privados unos gilipollas que se someten a satanás.
Si como liberal o como te definas lo que quieres es que el estado se dedique solo a unos mÃnimos, para mà la sanidad es el primer mÃnimo que ha de tener como objetivo un estado, mucho antes que otras cosas como la defensa de la propiedad privada o la seguridad jurÃdica. Las pensiones estarÃan prácticamente al mismo nivel que la sanidad.
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Ultramemia
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Carpe el Lumpen
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Y yo también lo prefiero... ahora ¿Cómo vas a hacerlo?. A mí se me ocurre poner a Papá Noel de presidente...:mrgreen: escribió:
En ninguna parte, pero yo casi que prefiero tener una buena sanidad pública a tener que pagarla si me pasa algo, aunque me suban mucho los impuestos.
Yo ya lo he dicho muchas veces, yo sólo me defiendo a mí mismo, le tomé un pulso a las ideologías y por ahora, voy ganando. No me cuelgo medallitas de justiciero. Lo de salvar al mundo se lo dejo a los mentirosos. Lo que pasa es que luchar contra capital, es como luchar contra la gravedad. Me parece absurdo y menosprecio a quien ni siquiera se para a entender la economía antes de intentar "domarla" o lo que sea que digan que quieren hacer.:mrgreen: escribió: Si como liberal o como te definas lo que quieres es que el estado se dedique solo a unos mínimos, para mí la sanidad es el primer mínimo que ha de tener como objetivo un estado, mucho antes que otras cosas como la defensa de la propiedad privada o la seguridad jurídica. Las pensiones estarían prácticamente al mismo nivel que la sanidad.
El argumento "lo público es mejor" es una gilipollez. Si el fin es hacerlo todo público, me cago en el fin.
Tengo muy claro que yo no cobro del Estado, yo soy de los que pagan.
En cuanto a sanidad, es de las pocas cosas que ofrecen duda... en tanto que si se deja privado, los que tengan algún problema, o no serán asegurados o les costará una pasta.
Lo que ofrece el Estado no debería ser "sanidad" en sí, sino seguro social. Y para eso no hace falta tener un oligopolio. Que como todo el mundo que sepa un mínimo de economía, es totalmente contraproducente... por mucho que creais que los elegidos por el "Pueblo" no tienen intereses personales y son casi unas hermanitas de la caridad que lo darán todo por nosotros porque nos quieren.
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Carpe el Lumpen
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Tras ver lo que fue público y es ahora privado en España (eléctricas, telefónica, sanidad donde la han privatizado, colegios privados una vez consiguen anular al público de la zona...), cada vez estoy más convencido de que los sectores estratégicos y los básicos funcionan mejor cuando son públicos, a pesar de la corrupción.El argumento "lo público es mejor" es una gilipollez. Si el fin es hacerlo todo público, me cago en el fin.
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Carpe el Lumpen
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Teléfonica es el ejemplo perfecto de que lo privado funciona mejor. No sólo ganan más dinero ahora (yo diría que declaran más dinero ahora), sino que lo hacen con competencia, mientras antes había un monopolio. Resulta que lo que peor funciona (por falta de inversión) es lo único en lo que conserva el monopolio Telefónica, en la red que con permiso europeo, se le permitió conservar en monopolio, obligando a compartirla con los demás agentes (previo pago, por supuesto). Lo que hace que no interese a nadie invertir en esto.
Aquí el problema no es privado/público. A mí me es igual que el Estado tenga sus hospitales. Lo que no entiendo, ni comparto, es que no compita en igualdad de condiciones.
La sanidad no la han privatizado, no pueden. Todos los gastos considerados necesarios son asumidos por el Estado. El problema de los políticos es controlar a los funcionarios, que enchufados por otros partidos, no hacen caso al que manda en cada momento. Gestionar un monopolio mediante concesión o mediante contratación de funcionarios... es más o menos lo mismo. Sólo que se quitan funcionarios molestos de encima, y por tanto les sale más barato (en la práctica lo que hacían, ya que no podían echarlos, es dejarlos sin trabajo pero con salario).
El hecho real y cierto es que los colegios privados concertados tienen mucha más demanda que los puramente públicos. Lo que tú prefieras, debería importar menos ante lo que prefiere la sociedad.
Las eléctricas son privadas... con acciones de dominio público... sobre todo italiano en Enel-endesa (por la gracia de ZP). Al menos así era antes (es posible que el Estado italiano haya vendido sus acciones... después de todo son SA). Además de cosas raras como quitar un central nuclear en el norte de España para comprarle la energía a una eléctrica francesa que produce energía nuclear en el sur de Francia... lo cual no me parece ni medio inteligente si no fuera porque hay gente que se le unta para estas cosas... Las eléctricas no son el mejor ejemplo, dado que también conservan un oligopsonio y un oligopolio por la gracia de los políticos, además el tipo de facturación, con su famoso "déficit presupuestario" es también debido a la gracia de los políticos. Los políticos son los que mantienen este status quo, no son la solución. Volvemos a lo mismo, me da igual privado-público, lo importante es que se pueda competir, no viciar el mercado.
Vamos, que si el debate se centra en público-privado, me parece que nos equivocamos de debate. Además que creo que ese el debate que le interesa a los políticos... unos harán concesiones y otros contratarán directamente... pero ambos controlarán como se les antoje (y no va a ser pensando en mí). Creo que el problema son los monopolios, los oligopolios, los monopsonios y otros atentados al mercado.
Aquí el problema no es privado/público. A mí me es igual que el Estado tenga sus hospitales. Lo que no entiendo, ni comparto, es que no compita en igualdad de condiciones.
La sanidad no la han privatizado, no pueden. Todos los gastos considerados necesarios son asumidos por el Estado. El problema de los políticos es controlar a los funcionarios, que enchufados por otros partidos, no hacen caso al que manda en cada momento. Gestionar un monopolio mediante concesión o mediante contratación de funcionarios... es más o menos lo mismo. Sólo que se quitan funcionarios molestos de encima, y por tanto les sale más barato (en la práctica lo que hacían, ya que no podían echarlos, es dejarlos sin trabajo pero con salario).
El hecho real y cierto es que los colegios privados concertados tienen mucha más demanda que los puramente públicos. Lo que tú prefieras, debería importar menos ante lo que prefiere la sociedad.
Las eléctricas son privadas... con acciones de dominio público... sobre todo italiano en Enel-endesa (por la gracia de ZP). Al menos así era antes (es posible que el Estado italiano haya vendido sus acciones... después de todo son SA). Además de cosas raras como quitar un central nuclear en el norte de España para comprarle la energía a una eléctrica francesa que produce energía nuclear en el sur de Francia... lo cual no me parece ni medio inteligente si no fuera porque hay gente que se le unta para estas cosas... Las eléctricas no son el mejor ejemplo, dado que también conservan un oligopsonio y un oligopolio por la gracia de los políticos, además el tipo de facturación, con su famoso "déficit presupuestario" es también debido a la gracia de los políticos. Los políticos son los que mantienen este status quo, no son la solución. Volvemos a lo mismo, me da igual privado-público, lo importante es que se pueda competir, no viciar el mercado.
Vamos, que si el debate se centra en público-privado, me parece que nos equivocamos de debate. Además que creo que ese el debate que le interesa a los políticos... unos harán concesiones y otros contratarán directamente... pero ambos controlarán como se les antoje (y no va a ser pensando en mí). Creo que el problema son los monopolios, los oligopolios, los monopsonios y otros atentados al mercado.
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AssadRules
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Tu idea de privatizar es que la red que es de una empresa (que se pagó por todos los españoles) se REGALE a sus competidores. Lo lógico es que la red fuese PUBLICA y todos los competidores (incluido telefónica) paguen por su uso.conserva el monopolio Telefónica, en la red que con permiso europeo, se le permitió conservar en monopolio, obligando a compartirla con los demás agentes
No compite en igualdad de condiciones porque el objetivo del Estado al cubrir una necesidad básica como es la Sanidad no es la de obtener máximo beneficio a costa del paciente, al contrario que una sanidad privada, que busca maximizar el beneficio a costa del CLIENTE (nótese la diferencia entre paciente y cliente).Aquí el problema no es privado/público. A mí me es igual que el Estado tenga sus hospitales. Lo que no entiendo, ni comparto, es que no compita en igualdad de condiciones.
Ten una enfermedad rara y CARA y verás como tu aseguradora privada se lava las manos y te deriva a la pública, campeón.
La sanidad no la han privatizado, han privatizado la sanidad pública. Es decir, que entre todos los españoles pagamos un hospital con una unidad de radiología de puta madre y eso, se ha concedido a una empresa privada para que lo explote a cambio de un fijo. Claro, si en lugar de usar 4 toallas al día uso 2, ahorro el 50%, por lo que lógicamente usaremos dos, lo cual repercute negativamente en la calidad de atención.La sanidad no la han privatizado, no pueden. Todos los gastos considerados necesarios son asumidos por el Estado.
¿Quieren medicina privada? Bien, que se construyan sus hospitales, que compren sus máquinas y paguen sus médicos.
El hecho real y objetivo es que llevan AÑOS (también antes de la crisis) recortando los presupuestos de la pública y desviando esos fondos a la concertada. Vuelvo a decir, si quieres educación privada, que se paguen su terrenito, su edificio, y sus profesores.El hecho real y cierto es que los colegios privados concertados tienen mucha más demanda que los puramente públicos. Lo que tú prefieras, debería importar menos ante lo que prefiere la sociedad.
Es tremenda tu contradicción constante, te niegas a pagar para "que otros vivan de ti" pero justificas y defiendes CONSTANTEMENTE que con tu dinero, y con el mio, se paguen los estudios de gente que no quiere pública (normal, la estan dinamitando y defenestrando).
O todos o ninguno, o PUBLICO o PRIVADO, pero no mierdas intermedias (por cierto, que también prohibiria tener sanidad publica si contratas seguro privado, que risa con los cánceres y enfermedades crónicas).
ENEL es 30% pública, así que no cuela tu brindis al sol de que lo publico siempre tiene la culpa. Por cierto, 30% publica aportando el 70% del capital, curioso, si fuera al contrario te llevarías las manos a la cabeza.Las eléctricas son privadas... con acciones de dominio público... sobre todo italiano en Enel-endesa
El capitalismo tiende al monopolio, y ENEL, por cierto, entre otras como GAZPROM y E.ON es un ejemplo.Creo que el problema son los monopolios, los oligopolios, los monopsonios y otros atentados al mercado.
ya pero es que lo público es mio, lo pago yo. ¿para que me quitan entonces todos los meses esa pila de dinero en la nómina, y luego me frien a impuestos si cuando quiero ir a curarme un catarro tengo que pagar un médico privado?
.......
en españa lo que sobran son "listos" que saben de todo y que te dicen que "los colegios privados concertados tienen mucha más demanda que los puramente públicos".
- ¡eso será en tu pueblo! que seguramente gastais el dinero en aeropuertos en vez de escuelas.
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en españa lo que sobran son "listos" que saben de todo y que te dicen que "los colegios privados concertados tienen mucha más demanda que los puramente públicos".
- ¡eso será en tu pueblo! que seguramente gastais el dinero en aeropuertos en vez de escuelas.
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Carpe el Lumpen
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Cuéntame más sobre mis ideas, por favor... me deja fascinado tu capacidad para la telepatía...AssadRules escribió:
Tu idea de privatizar es que la red que es de una empresa (que se pagó por todos los españoles) se REGALE a sus competidores. Lo lógico es que la red fuese PUBLICA y todos los competidores (incluido telefónica) paguen por su uso.
¿Ah sí? ¿El objetivo de los políticos es ese? Cualquiera diría que tienen en mente obtener cuentas corrientes en Suiza... pero vamos, que si tú dices que están porque nos quieren, pues ya me quedo más tranquilo...AssadRules escribió: No compite en igualdad de condiciones porque el objetivo del Estado al cubrir una necesidad básica como es la Sanidad no es la de obtener máximo beneficio a costa del paciente, al contrario que una sanidad privada, que busca maximizar el beneficio a costa del CLIENTE (nótese la diferencia entre paciente y cliente).
¿Y toda cosa que haga una persona física tiene que tener como objetivo obtener lucro a costa del paciente? supongo que eso te convierte a tí y a los políticos en algo más que persona física... Todo muy coherente, sí...
Ah bueno, es que los pacientes de enfermedades raras están contentísimos con la cobertura pública... perdona, es que no me aclaraba... como soy una persona física, no puedo evitar centrarme en mi ombligo, ya sas...AssadRules escribió: Ten una enfermedad rara y CARA y verás como tu aseguradora privada se lava las manos y te deriva a la pública, campeón.
Mi aseguradora no puede negarse a pagar lo que ha pactado. Otra cosa es que haya gente idiota que no entiende que se paga por algo...
AssadRules escribió: La sanidad no la han privatizado, han privatizado la sanidad pública.
AssadRules escribió: Es decir, que entre todos los españoles pagamos un hospital con una unidad de radiología de puta madre y eso, se ha concedido a una empresa privada para que lo explote a cambio de un fijo. Claro, si en lugar de usar 4 toallas al día uso 2, ahorro el 50%, por lo que lógicamente usaremos dos, lo cual repercute negativamente en la calidad de atención.
Como veo que no has leído una mierda de lo que he dicho, vuelvo a repetir, que los políticos manejen a su antojo esos mercados por medio de concesiones o por medio de contratación de allegados con caracter vitalicio... poco cambia la cosa.
Los políticos tienen los mismos sentimientos de persona que los capitalistas. Es absurdo decir que un político no quiere beneficio. Gilipollesco y diría más, pero no quiero ofender.
AssadRules escribió: ¿Quieren medicina privada? Bien, que se construyan sus hospitales, que compren sus máquinas y paguen sus médicos.
Por supuesto... es exactamente igual a decir "¿quereis pagar políticuchos, allegados, coches oficiales y demás y llamarlo "sanidad"? bien, que los paguen quien la quiera... yo tengo mi cuenta en Suiza, Belice o Gibraltar y a tomar por culo "
Por favor... ¿me concretas dónde está ese recorte?? http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20 ... estos.aspxAssadRules escribió: El hecho real y objetivo es que llevan AÑOS (también antes de la crisis) recortando los presupuestos de la pública y desviando esos fondos a la concertada. Vuelvo a decir, si quieres educación privada, que se paguen su terrenito, su edificio, y sus profesores.
Que yo sepa lo único que paga el Estado a los concertados es una subvención por cada niño al que no le quiere pagar su correspondiente terrenito, funcionario, politicucho, coche oficial y demás en colegio público. Aunque la educación es un negocio redondo, al Estado le sale mucho más barata la subvención en el concertado que la matrícula en el público. Ese es el misterio de todo esto... la gente prefiere concertado, y al Estado le sale más barato. En cambio, la partida para educación sube TODOS los años (por lo que mientes más que Pinocho).
Y vuelvo a darte la misma moneda... ¿quieres educación pública? bien, págatela porque el dinero es un bien mueble y el mío me lo llevo donde me sale de los huevos... exactamente igual que los politicuchos que tan buenos te parecen, en comparación a la gente normal...
En ningún momento he dicho tal cosa... otra cosa es que no sepas qué contestar y digas tonterías sobre mí sin ningún sentido... espero que seas asalariado del Estado porque si no, no lo entiendo.AssadRules escribió: Es tremenda tu contradicción constante, te niegas a pagar para "que otros vivan de ti" pero justificas y defiendes CONSTANTEMENTE que con tu dinero, y con el mio, se paguen los estudios de gente que no quiere pública (normal, la estan dinamitando y defenestrando).
En ningún momento he dicho que quiero que con mi dinero se pague nada que yo no quiera, igual que con el tuyo. Lo que digo es yo, igual que tú... y mucho más que los políticos profesionales... sé perfectamente hasta dónde puede llegar mi solidaridad. Y también sé que la tengo... por lo que no vale, "si no hay un político y un arma con la que me robe, no voy a ser solidario".
Subvención a colegios va a haber, igual que ha habido, cuando el Estado no se hacía cargo. ¿Que no te gusta que se encargue la Iglesia? Hazlo tú... ah claro, que tú lo que quieres es que te paguen todos los meses...
AssadRules escribió: O todos o ninguno, o PUBLICO o PRIVADO, pero no mierdas intermedias (por cierto, que también prohibiria tener sanidad publica si contratas seguro privado, que risa con los cánceres y enfermedades crónicas).
Primero, tu primera frase se contradice con la segunda... y segundo... como veo que no me lees... me cito a mí mismo, a ver si cosigues entender que para contestar a algo, primero hay que leerlo...Assdarules escribió:ENEL es 30% pública, así que no cuela tu brindis al sol de que lo publico siempre tiene la culpa. Por cierto, 30% publica aportando el 70% del capital, curioso, si fuera al contrario te llevarías las manos a la cabeza.
Carpe escribió:Aquí el problema no es privado/público. A mí me es igual que el Estado tenga sus hospitales. Lo que no entiendo, ni comparto, es que no compita en igualdad de condiciones.
Estoy seguro que los representantes de las empresas eléctricas, no quieren que la gran protección que el Estado nos ofrece cese o se limite de ninguna de las maneras.Carpe escribió:Las eléctricas son privadas... con acciones de dominio público... sobre todo italiano en Enel-endesa
Echarme en cara tal cantidad de gilipolleces, sólo puede obedecer a la más absoluta ignorancia o fanatismo, o al más grotesco interés individual maquillado de solidaridad...
Assdarules escribió: El capitalismo tiende al monopolio, y ENEL, por cierto, entre otras como GAZPROM y E.ON es un ejemplo.
ENEL es un ejemplo de cómo una empresa junto al poder político puede conseguir un monopolio...
Lo que seguro que es (y no tiende a) un monopolio es el comunismo. Que por otra parte sólo garantiza la peor parte del capitalismo (no ser propietario de los medios de producción) y lo endurece (dado que tampoco tienes posibilidad de serlo).
Última edición por Carpe el Lumpen el Mié Oct 02, 2013 12:54 pm, editado 1 vez en total.
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Carpe el Lumpen
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¿Crees que las cuentas en Suiza se inflan solas? ¿coches oficiales? ¿policías con el objetivo de multarte? ¿familiares enchufados con salario de por vida? empresas privadas con concesiones municipales autonómicas y estatales a nombre de allegados? ¿el chalet de la hija de 7 años de Bono, y el caballo de la hostia de su hijo, no pensarás que lo paga él?xentil escribió:ya pero es que lo público es mio, lo pago yo. ¿para que me quitan entonces todos los meses esa pila de dinero en la nómina, y luego me frien a impuestos si cuando quiero ir a curarme un catarro tengo que pagar un médico privado?
Jajaja, seguramente donde sea que vives también haya aeropuertos. Yo no tengo Pueblo. Sólo tengo neo curas que hablan por él y me obligan a cosas en su nombre.xentil escribió: en españa lo que sobran son "listos" que saben de todo y que te dicen que "los colegios privados concertados tienen mucha más demanda que los puramente públicos".
- ¡eso será en tu pueblo! que seguramente gastais el dinero en aeropuertos en vez de escuelas.
Y sí... eso pasa en el lugar donde resido... hay gente muy cabreada porque no le dan plaza en el cole de curas porque no quedan... y eso que hay una parte que abonan ellos directamente. Es decir, que les sale más caro y todavía faltan plazas... a lo mejor es que los profes no hacen tantas pellas...
P.D. Si el problema es que los "listos" decimos cosas que no te gustan... es fácil la solución... ignóranos. Al menos yo no te cobro por ello, al contrario que los arriba firmantes... Yo diría que vuestro problema es que quereis que la gente se esclavice voluntariamente... y encima creeros solidarios... y creo que mucha gente, no estamos por la labor de trabajar para pagar a 10 partidos políticos y 2 sindicatos y los que estos decidan contratar...
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AssadRules
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No, el objetivo de los políticos es parcelar la sanidad y regalársela a sus cuatro amigos empresarios, y con la energía, lo mismo, por eso TODOS los políticos acaban en puestos directivos de las empresas a las que han enriquecido.¿Ah sí? ¿El objetivo de los políticos es ese? Cualquiera diría que tienen en mente obtener cuentas corrientes en Suiza... pero vamos, que si tú dices que están porque nos quieren, pues ya me quedo más tranquilo...
¿Y toda cosa que haga una persona física tiene que tener como objetivo obtener lucro a costa del paciente? supongo que eso te convierte a tí y a los políticos en algo más que persona física... Todo muy coherente, sí...
Seguimos: Hay que ser mongol de necesidad para confundir ESTADO con POLITICOS, cuando el ESTADO es un conjunto de instituciones entre los que se integran las FYSE y evidentemente, la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA que es independiente del órgano legislativo, por ejemplo.
Es decir, que si NO HUBIESE PARLAMENTO (porque, por ejemplo, se les pone una bomba y vuelan todos) esas instituciones seguirían existiendo, seguiría habiendo hospitales públicos y seguiría habiendo policia si la necesitas. Un ejemplo, es Bélgica y su gobierno en funciones que no legisla.
¿Y toda cosa que haga una persona física tiene que tener como objetivo obtener lucro a costa del paciente? supongo que eso te convierte a tí y a los políticos en algo más que persona física... Todo muy coherente, sí...
Una empresa privada tiene como objetivos unas finalidades económicas internas y externas. Para considerar las externas es necesario considerar la sanidad y la salud de las personas como un MERCADO (lo cual es repugnante) y para satisfacer sus finalidades internas debe aumentar sus beneficios, contentar a sus accionistas y aumentas sus dividendos, por lo tanto, encaminarse hacia el lucro.
Ahora, si, tu, en tu realidad deformada, quieres tratarme de decir que cuando VIAMED y otras corporaciones médicas quieren hacerse con el control de hospitales PAGADOS POR TODOS para mejorar la calidad de atención en el paciente, dilo.
Una cosa que puede hacer para competir con el Estado y la sanidad pública es ofrecer servicios por debajo del precio de coste y regalar medicinas, pero eso, va evidentemente contra la viabilidad de la empresa privada que exige el lucro para sobrevivir.
Tan repugnantes son los unos como los otros, porque se retroalimentan y los primeros están al servicio de los segundos. La diferencia es que tienes tanto semen de emprendedor en el culo que solo defiendes al empresario cuando yo me cago en los dos.Como veo que no has leído una mierda de lo que he dicho, vuelvo a repetir, que los políticos manejen a su antojo esos mercados por medio de concesiones o por medio de contratación de allegados con caracter vitalicio... poco cambia la cosa.
Los políticos tienen los mismos sentimientos de persona que los capitalistas. Es absurdo decir que un político no quiere beneficio. Gilipollesco y diría más, pero no quiero ofender.
¿Quieres tergiversar y confundir argumento con populismo y demagogia?Por supuesto... es exactamente igual a decir "¿quereis pagar políticuchos, allegados, coches oficiales y demás y llamarlo "sanidad"? bien, que los paguen quien la quiera... yo tengo mi cuenta en Suiza, Belice o Gibraltar y a tomar por culo "
Pues mejor todavía: ¿Quieres pagar un hospital para que después el político de turno, lacayo absoluto de las corporaciones médicas se lo regale a su amiguete empresario que tiene una cuenta en Belice o Gibraltar?
Te van a caer hostias hasta en el carnet de identidad: ¿Has mirado los presupuestos?. Vale, pues antes de citar, LEE. En primeras, genio, el presupuesto de los concertados entra dentro del presupuesto de educación.
MensajePublicado: Mie Oct 02, 2013 12:20 pm Título del mensaje:
AssadRules escribió:
Tu idea de privatizar es que la red que es de una empresa (que se pagó por todos los españoles) se REGALE a sus competidores. Lo lógico es que la red fuese PUBLICA y todos los competidores (incluido telefónica) paguen por su uso.
Cuéntame más sobre mis ideas, por favor... me deja fascinado tu capacidad para la telepatía... ñam
AssadRules escribió:
No compite en igualdad de condiciones porque el objetivo del Estado al cubrir una necesidad básica como es la Sanidad no es la de obtener máximo beneficio a costa del paciente, al contrario que una sanidad privada, que busca maximizar el beneficio a costa del CLIENTE (nótese la diferencia entre paciente y cliente).
¿Ah sí? ¿El objetivo de los políticos es ese? Cualquiera diría que tienen en mente obtener cuentas corrientes en Suiza... pero vamos, que si tú dices que están porque nos quieren, pues ya me quedo más tranquilo...
¿Y toda cosa que haga una persona física tiene que tener como objetivo obtener lucro a costa del paciente? supongo que eso te convierte a tí y a los políticos en algo más que persona física... Todo muy coherente, sí...
AssadRules escribió:
Ten una enfermedad rara y CARA y verás como tu aseguradora privada se lava las manos y te deriva a la pública, campeón.
Ah bueno, es que los pacientes de enfermedades raras están contentísimos con la cobertura pública... perdona, es que no me aclaraba... como soy una persona física, no puedo evitar centrarme en mi ombligo, ya sas...
Mi aseguradora no puede negarse a pagar lo que ha pactado. Otra cosa es que haya gente idiota que no entiende que se paga por algo...
AssadRules escribió:
La sanidad no la han privatizado, han privatizado la sanidad pública.
AssadRules escribió:
Es decir, que entre todos los españoles pagamos un hospital con una unidad de radiología de puta madre y eso, se ha concedido a una empresa privada para que lo explote a cambio de un fijo. Claro, si en lugar de usar 4 toallas al día uso 2, ahorro el 50%, por lo que lógicamente usaremos dos, lo cual repercute negativamente en la calidad de atención.
Como veo que no has leído una mierda de lo que he dicho, vuelvo a repetir, que los políticos manejen a su antojo esos mercados por medio de concesiones o por medio de contratación de allegados con caracter vitalicio... poco cambia la cosa.
Los políticos tienen los mismos sentimientos de persona que los capitalistas. Es absurdo decir que un político no quiere beneficio. Gilipollesco y diría más, pero no quiero ofender.
AssadRules escribió:
¿Quieren medicina privada? Bien, que se construyan sus hospitales, que compren sus máquinas y paguen sus médicos.
Por supuesto... es exactamente igual a decir "¿quereis pagar políticuchos, allegados, coches oficiales y demás y llamarlo "sanidad"? bien, que los paguen quien la quiera... yo tengo mi cuenta en Suiza, Belice o Gibraltar y a tomar por culo "
AssadRules escribió:
El hecho real y objetivo es que llevan AÑOS (también antes de la crisis) recortando los presupuestos de la pública y desviando esos fondos a la concertada. Vuelvo a decir, si quieres educación privada, que se paguen su terrenito, su edificio, y sus profesores.
Por favor... ¿me concretas dónde está ese recorte?? http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20 ... estos.aspx
A bote pronto, caida de 3.088 millones de euros del presupuesto de educación (21% de 2011 a 2012). En Madrid, por ejemplo, el presupuesto general de educación se reduce 43 millones mientras que el presupuesto destinado al concierto de aulas sube en 2%.En cambio, la partida para educación sube TODOS los años (por lo que mientes más que Pinocho).
De 2012 a 2013 un 14%, de 2013 a 2014 el presupuesto de educación cae un 17,2%.
http://www.rtve.es/noticias/20120929/sa ... 5567.shtml
Que pase el tonto del pueblo.
Eso es lo que pasa cuando algun monguer divide el presupuesto de educación restandole la dedicada a la privada y lo divide entre el numero de alumnos. Evidentemente, el resto de monguers no piensa por si mismo y repite esas chorradas.al Estado le sale mucho más barata la subvención en el concertado que la matrícula en el público.
Lo que ocurre es que por el coste de un alumno de la concertada, unicamente incluyen el salario del profesorado y algunos gastos de infraestructura, mientras que en el coste del alumno publico incluyen toda clase de revisiones e inspecciones, de la que también se beneficia la escuela privada pero que no incluyen en sus informes. Vamos, una TRAMPA como una puta casa. De hecho, según estudios, apenas hay diferencia entre una y otra siendo MAS BARATA para el estado la educación `publica primaria frente a la concertada.
Por ejemplo:
http://www.vocesdecuenca.com/frontend/v ... 790-vst113
Mentira, el 70% de los alumnos estudian en la pública. Y normal porque casualmente:Ese es el misterio de todo esto... la gente prefiere concertado,
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/n ... 1549-.html
El Estado subvenciona el 80% y la familia el 20%. CASI ACIERTAS. Y eso segun la CECE (patronal)Que yo sepa lo único que paga el Estado a los concertados es una subvención por cada niño al que no le quiere pagar su correspondiente terrenito, funcionario, politicucho, coche oficial y demás en colegio público
Ya la pago, lo que me repugna es pagarsela a quien quiere privada. Que es lo que tu defiendes dandole la vuelta a la tortilla.Y vuelvo a darte la misma moneda... ¿quieres educación pública? bien, págatela porque el dinero es un bien mueble y el mío me lo llevo donde me sale de los huevos... exactamente igual que los politicuchos que tan buenos te parecen, en comparación a la gente normal...
El 70% paga la educación de sus hijos y parte de la del otro 30%.
Y tu dinero, cambialo a monedas y metetelo por el culo si quieres, o te vas a Bangladesh o cualquier otro país donde los pobres no puedan estudiar, hijo de puta.
No, soy trabajador de un bastardo que me llama cuando le sale de los huevos y me putea lo que quiere, porque como el 90% del empresariado de este país se cree que la legislación laboral acaba en su puerta, y tengo que aguantarme porque tengo que comer. Y como conozco a esos hijos de puta y sus perras (los políticos) no quiero que dirijan la educación de mis hijos ni de nadie más.En ningún momento he dicho tal cosa... otra cosa es que no sepas qué contestar y digas tonterías sobre mí sin ningún sentido... espero que seas asalariado del Estado porque si no, no lo entiendo.
CONCERTADA= privada con dinero públicoEn ningún momento he dicho que quiero que con mi dinero se pague nada que yo no quiera, igual que con el tuyo. Lo que digo es yo, igual que tú... y mucho más que los políticos profesionales... sé perfectamente hasta dónde puede llegar mi solidaridad. Y también sé que la tengo... por lo que no vale, "si no hay un político y un arma con la que me robe, no voy a ser solidario".
A todas luces mas injustos que unos impuestos que pagan la escuela de todos. SI QUIERES LUJOS TE LOS PAGAS, si quieres estudiar con dios, te lo pagas.
Si hay que pagar impuestos para que el transporte publico sea gratis para todos, tambien para ti o un empresario hijo de puta, lo pago, pero no voy a pagar para que tu puedas ir en ferrari. ¿Entiendes?
Pues hombre, la concertación escolar la metio el PSOE allá por principos de los 90. La iglesia? me la suda. Lo que está claro es que para es más lógico que exista una subvencion a una empresa privada que una seguridad social para todos. Muy LOGICO.Subvención a colegios va a haber, igual que ha habido, cuando el Estado no se hacía cargo. ¿Que no te gusta que se encargue la Iglesia? Hazlo tú... ah claro, que tú lo que quieres es que te paguen todos los meses...
Lo que no querrían es que se nacionalizara y se empezase a suministrar energia electrica a precio de producción o con un beneficio que revierta en la calidad del suministro.Estoy seguro que los representantes de las empresas eléctricas, no quieren que la gran protección que el Estado nos ofrece cese o se limite de ninguna de las maneras.
Lo que si que quieren es toda esa legislación que les beneficia -porque los políticos actuales, con este estado legislan para beneficiar a las empresas- y que han privatizado el puto SOL.
Como que no te conozco.Echarme en cara tal cantidad de gilipolleces, sólo puede obedecer a la más absoluta ignorancia o fanatismo, o al más grotesco interés individual maquillado de solidaridad...
Pero es que solo tu eres tan mongol de separar poder político de poder económico, infraestructura y superestructura, te lo he explicado un gritón de veces. Capital monopolista de estado, busca la definición que ya te la puse alguna vez.ENEL es un ejemplo de cómo una empresa junto al poder político puede conseguir un monopolio...
Prefiero un monopolio que cubra mis necesidades que un monopolio que me las cree para expoliarme.Lo que seguro que es (y no tiende a) un monopolio es el comunismo. Que por otra parte sólo garantiza la peor parte del capitalismo (no ser propietario de los medios de producción) y lo endurece (dado que tampoco tienes posibilidad de serlo).
Y por cierto, hay que ser miserable para considerar como la cima poseer los medios de producción. Lamentable.
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