Flagrante incumplimiento de la Generalitat
En su sentencia 6/1982, el TC convalidó el Decreto-ley, que había sido impugnado por los Gobiernos catalán y vasco. El Tribunal estimó que la Generalitat tenía el deber de garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptar las medidas necesarias para asegurar su conocimiento, y crear las condiciones que garanticen su plena igualdad en lo referente a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña. La Alta Autoridad estaba legitimada para velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos, entre los que figura el conocer la lengua peculiar de la comunidad autónoma y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua del Estado. La Inspección podía actuar directamente en los centros educativos, investigarlos y denunciar al Gobierno las infracciones de la legalidad del Estado.
Desde 2008 el Tribunal Supremo ha dictado seis sentencias en las que ha declarado ilegal la inmersión lingüística obligatoria y establecido que el castellano es lengua vehicular, que no puede quedar reducido a mero objeto de estudio como una asignatura más. La Generalitat no ha acatado ni cumplido dichas sentencias y se ha negado a escolarizar en castellano, alegando que la Ley de Educación de Cataluña ha regulado los programas de inmersión forzosa e ignorando la jerarquía de las normas. El Gobierno cuenta con medios legales para hacer frente a esta insumisión institucional, pero carece de voluntad política para imponerlos. Su debilidad estimula a algunas comunidades en su política de abierta confrontación. La situación es especialmente patética en el caso de Baleares, regida con mayoría absoluta por un Gobierno del partido gubernamental PP. La solución no está en la subvención vergonzante de centros privados para que los hispano-parlantes puedan ejercer su derecho a ser escolarizados en español, pues ?como ha señalado Victoria Prego- resulta inconcebible que el Gobierno intente resolver con dinero lo que no puede conseguir con la aplicación de la ley. Puede ser, sin embargo, un mal menor para impedir que se sigan conculcando derechos fundamentales, hasta que el Gobierno central se decida a actuar con firmeza.
Preguntado sobre si el Gobierno era capaz de lograr que los niños de Cataluña y Baleares puedan estudiar en castellano, Wert respondió que el tema iba a tener una solución práctica, porque el problema no era lo que dijera la ley ?que establece claramente este derecho-, sino hacerlo efectivo, y yo ?añadió el Ministro- ?garantizo que eso lo vamos a hacer?. Concedámosle el beneficio de la duda, aunque ?como reza el refrán- ?obras son amores y no buenas razones?.
En Francia no pasaría... en España sí.
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