Jorge Fernandez Diaz ( Ministro del Interior ): La no aplicacion de la futura reforma de la ley de seguridad ciudadana.
http://www.change.org/es/peticiones/jor ... -ciudadana#
Primero denunciar lo injusto y anacronico de dicha ley, lo improductivo de toda reforma, mas aun las que tengan por objeto incrementar la represion que ejerce. Como ahora, con esta reforma prevista, pretenden hacer recaer mas represion, opresion tanto de derechos como economica, mas estigmatizacion e injustificado estado de persecucion contra un colectivo de ciudadanos que se cuenta por millones en españa los cuales ni siquiera comprometen la salud publica, ni atentan contra la integridad de ninguna persona, ni favorecen la delincuencia al querer disponer de cannabis para su propio uso personal sea este del proposito que sea. Recalcar la mortalidad de las drogas legales frente la inocuidad del cannabis, probada y documentada por muchos siglos y estudiosos. La unica forma de que criminales se dejen de beneficiar y enriquecer traficando al precio que quieren, que es altisimo, controlando la produccion, por lo tanto usando adulterantes y peligrosos toxicos que suponen el real daño a la salud imposible de controlar por no ser legal y no someterse a pruebas de calidad, vendiendo libremente a menores de edad pues ni esta controlada su distribucion ni le importa a un delincuente vender a un niño mientras tenga el dinero, la unica forma de acabar con la criminalizacion injusta del consumidor y la poca ayuda que se le ofrece al adicto, encarcelandolo en vez de tratandolo, es regularizar las drogas, imponiendo estrictas condiciones de adquisicion a las drogas mas duras, y facilitando un sistema estanco de comercio del cannabis sativa por ser mas inocua que el tabaco y alcohol, controlando la venta a mayores de 18 y prohibiendolo a menores, recaudando un impuesto el cual conseguiria mas eficazmente recaudar una buena aportacion de recursos, un producto que proviene de una planta, que puede facilmente proveernos como recurso renovable de mas de 25000 productos utiles, reciclables y de calidad, sustituta material y energetica del petroleo y de la madera en el caso del papel. una planta sin la cual la humanidad no podra vivir de forma sostenible en el planeta.
Queremos tambien la regularizacion de iniciativas creadas por los propios consumidores, como las asociaciones de fumadores, en las cuales se consigue un producto sano, ecologico, de calidad, sin lucrar a ninguna organizacion delictiva, es mas, creando puestos de trabajo y tejido productivo de servicios de ocio y medicinales.
La sociedad actual ademas se podria beneficiar del cannabis para dejar de talar arboles para papel, pues 1 hectarea de cañamo en 100 dias produce el mismo papel que 5 hectareas de arboles en 50 años, del 6% de tierras cultivadas de cañamo se podria abastecer de biocombustibles eficientes y limpios todas las necesidades energeticas de españa, y hemos perdido millones de hectareas por incendios y desertificacion, que con 2 cosechas, un terreno infertil se vuelve cultivable, protege de la erosion, crea biodiversidad, limpia la tierra, los acuiferos y retira grandes cantidades de CO2. Un area de tamaño ciudad mediana genera unos 6000 empleos directos e indirectos, y genera a partir de sus semillas suficientes alimentos para poder alcanzar soberania alimentaria y acabar con el hambre. dejariamos de gastar dinero en muchas importaciones de petroleo y derivados, y podria en varios años acabar con la crisis economica al tiempo que restaura y protege el medio ambiente y la futura vida sana de nuestros hijos.
POR TODO ESTO Y MAS.....SALVEMOS EL CANNABIS...
Comunicado de la FAC sobre la Ley de Seguridad Ciudadana.
La reforma propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana incrementa un 1.000% la cuantía de las multas por tenencia y consumo de drogas.
Se pretende conseguir 1.000 millones de euros extra a base de criminalizar a las personas usuarias.
La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) denuncia este impuesto de facto y reclama que se dejen de perseguir la tenencia, consumo y autoproducción de cannabis.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana anunciada por el ministro de Interior incluye un espectacular aumento de la cuantía de las sanciones por tenencia o consumo en lugares públicos de drogas ilícitas, cuyo importe mínimo pasa de 300 a 3.000 euros. La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) considera que esta medida supone un nuevo paso en la criminalización de las personas usuarias de sustancias psicoactivas, especialmente de cannabis, dado que la inmensa mayoría de las 300.000 sanciones que se imponen al año son por la tenencia o consumo de esta planta.
Es totalmente injustificable que el simple hecho de llevar un trozo de hachís en el bolsillo o de fumar un porro con los amigos en un parque se considere un atentado grave contra la seguridad ciudadana, pero es aún menos justificable incrementar un 1.000% el importe de las sanciones, en plena crisis y con millones de familias casi sin ingresos.
No tenemos muchas dudas acerca de la intención que subyace a esta medida. El gobierno sabe que el uso de cannabis es una realidad social arraigada y que las medidas represivas no sirven para disuadir a estas alturas de un consumo que millones de personas consideran totalmente normal. Lo que se persigue no es otra cosa que aumentar la recaudación, ya que si se cobraran las 300.000 sanciones anuales a partir de 3.000 euros cada una, se recaudarían unos 1.000 millones de euros extra, que sin duda ayudarían a tapar el agujero de Bankia.
El uso de cannabis por parte de personas adultas es una conducta absolutamente normal, legítima y aceptada con normalidad por la mayoría de la población, y no se justifica que se mantenga en vigor una norma, nacida en plena histeria colectiva por la extensión de la heroína en las calles y por el abandono de jeringuillas, para tratar como delincuentes e imponer sanciones claramente desproporcionadas y abusivas a personas que no causan ningún daño a sus conciudadanos.
El consumo y tenencia de drogas ilícitas está claramente despenalizado en la jurisprudencia española, pero los diferentes gobiernos se han negado hasta el momento a regular, tal y como como sucede en cada vez más países europeos y del resto del mundo, las cantidades que se pueden almacenar, cultivar o llevar encima con destino al uso personal. Esto provoca una enorme inseguridad jurídica y un gigantesco gasto represivo que, curiosamente, no parece sufrir los recortes con la misma intensidad que el resto del gasto público.
Reclamamos que de una vez se regulen la tenencia, cultivo y consumo de cannabis y de otras sustancias psicoactivas, dejando de perseguirlos, sea por vía penal o administrativa. Rechazamos que se use la Ley de Seguridad Ciudadana para imponer un impuesto de facto a las personas consumidoras de sustancias consideradas ilícitas sin reconocerles a cambio ningún derecho. Asimismo, denunciamos el giro represivo que se pretende dar a dicha ley con el fin de disuadir a quienes intenten protestar por la crisis y por las numerosas injusticias presentes en nuestra sociedad.
